Da paso Marta Nikita rumbo a la liberación; ordena Tercer Tribunal reponer procedimiento

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  • Le niega juez el “beneficio preliberacional de libertad condicionada”

 

ALBERTO CHUC

CHETUMAL, Q. ROO.- En su lucha jurídica por alcanzar el “beneficio preliberacional de libertad condicionada”, Marta Nikita Spat Avilés dio un paso adelante al convencer a los magistrados del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito de que el juez de primera instancia le negó indebidamente este derecho.

Por unanimidad de votos, este órgano colegiado resolvió ayer que, efectivamente, el Juez Sexto de Distrito desechó indebidamente el conocimiento del caso, así como las diferentes pruebas que la acusada presentó.

Por lo tanto, le ordenó reponer el procedimiento y entrar al fondo del asunto, que es el otorgamiento de la libertad condicionada para la acusada.

En 2007, la señora Spat Avilés fue condenada a 18 años de prisión por asfixiar y acuchillar al empresario José González Sabido, alias “Pepín”, quien abusó de sus hijos menores, según confesó ella misma, y desde entonces está recluida en el penal de Chetumal.

Doce años después y tras cumplir más de la mitad de su condena, la protagonista del escándalo mediático que “destapó” la operación de una red de prostitución, pederastia y drogadicción en la capital del estado, está ante una nueva oportunidad para convencer a la justicia federal de que sí cumple con todos los requisitos de ley y debe ser puesta en libertad condicional.

En marzo pasado, el Juez de Ejecución de Sentencias de Primera Instancia de Chetumal le negó a la acusada ese beneficio, bajo el argumento de que no se habían cumplido tres de los siete requisitos de ley: no demostró buena conducta, no presentó plan de actividades y su salida no garantiza seguridad para la familia de la víctima.

Inconforme con esta resolución, la acusada de origen cubano solicitó ante la justicia federal la revisión del expediente y tocó al Juzgado Sexto de Distrito resolverlo en julio siguiente, declarando improcedente la revisión del caso porque, según el juzgador, la acusada primero debió recurrir a la instancia competente, agotar el principio de definitividad como se le conoce en el lenguaje jurídico.

 

Agravio a las garantías

 

La defensa de la acusada alegó que la negativa del juez estatal representaba un agravio a sus garantías de libertad tuteladas en la Constitución, lo que el juez federal de amparo desestimó por tratarse de un preso.

Tal razonamiento no fue compartido por los magistrados del Tercer Tribunal Colegiado al asegurar que la negativa del juez de amparo sí atenta contra las garantías de libertad de Spat Avilés.

 

“Ciertamente, la peticionaria de amparo se encuentra privada de la libertad por motivo de la sentencia condenatoria dictada en su contra; empero, con la negativa del beneficio preliberacional de libertad condicionada reclamado, la quejosa, ahora recurrente, no puede obtener su libertad condicionada…

“Y en tal sentido, el acto reclamado encuadra en el supuesto de excepción al principio de definitividad previsto en el artículo 61, fracción XVIII, inciso b), de la Ley de Amparo; por ende, no es dable sobreseer en el juicio de amparo indirecto con base en dicha causal de improcedencia”.

 

El fallo de los magistrados también concluyó que la acusada demostró que el juez de amparo “inadvirtió” la nueva política criminal sobre la base de únicamente procurar que los sentenciados no vuelvan a delinquir.

Adicionó el concepto de beneficios en respeto a los derechos humanos de dignidad, partiendo de la idea de los beneficios preliberacionales que tienen una naturaleza “premial”, en que el comportamiento del reo tiene un sentido diferente a partir de que fue sentenciado.

Además, consideraron fundado el argumento de la acusada en el sentido de que se le están exigiendo mayores requisitos a los establecidos a la ley, como sustentar de manera científica su buen desempeño como interna.

 

“Por tanto, no es jurídico que la autoridad judicial considere que las pruebas ofrecidas por la quejosa carecen de valor demostrativo porque no tienen sustento, cuando es dicha autoridad quien se encuentra obligada a asegurarse que las pruebas son suficientemente sólidas para poder ponderarlas…

“O en su caso, requerir la documentación que le permita emitir una resolución informada, ―precisando de manera pormenorizada los lineamientos que deben reunir tales constancias, esto es, qué es lo que necesita para resolver―…

“Y al no haberlo hecho así —como se anticipó— se violó en perjuicio de la peticionaria del amparo su derecho fundamental a la reinserción social, sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, contemplado en el artículo 18 constitucional.

 

Después de estas valoraciones jurídicas, el Tercer Tribunal Colegiado determinó otorgar el amparo y la protección de la justicia a favor de Marta Nikita Spat Avilés para que se deje insubsistente la resolución de 13 de marzo pasado.

También para que se ponderen todas las pruebas y se dicte una nueva resolución fundada y motivada, que precise de manera clara si la quejosa cumple o no con lo dispuesto en el numeral 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal para recobrar su libertad condicional.

 

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