Evade Beristain atender a víctima

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  • El gobierno de Solidaridad no ha querido indemnizar a quien le cayó un poste de luz encima.

 

ALBERTO CHUC

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- Víctima de la caída de un poste de luz que le provocó graves lesiones físicas y psicológicas, desde hace casi tres años María “N” viene exigiendo justicia y luchando en los tribunales tan sólo para que la escuchen y las autoridades municipales asuman su responsabilidad en el accidente.

Hasta el dos de enero de 2019, María “N” pudo acudir personalmente al Ayuntamiento de Solidaridad para solicitar su derecho de petición a ser atendida por la autoridad responsable, así como para que la indemnizaran por los daños que aún sufre.

En respuesta obtuvo un silencio injustificado por parte tanto de la presidenta municipal Laura Beristain Navarrete como el resto de los funcionarios a quienes envió su escrito, a saber, el director general de Servicios Públicos Municipales, el director de Alumbrado Público, el director general de Infraestructura, Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Cambio Climático, y el director de Obras Públicas.

Ante el injustificado silencio oficial, en junio pasado la víctima del accidente acudió a la justicia federal para demandar la violación a su derecho de petición, consagrado en el artículo 8 constitucional, y en julio siguiente el Juzgado Segundo de Distrito le otorgó el amparo para que la autoridad municipal le diera atención.

Al resolver el expediente 762/2019, el juez Gerardo Vázquez Morales hizo notar lo siguiente:

El diecisiete de enero de dos mil diecisiete, la quejosa ***** ***** se encontraba caminando en la Avenida Constituyentes y la Zona Federal Marítimo Terrestre de la Colonia Xaman Ha, en el Municipio de Solidaridad, Estado de Quintana Roo; cuando un poste de luz cayó súbitamente sobre ella, golpeándola de manera brusca y ocasionando que de manera instantánea ésta cayera al suelo.

En virtud de las lesiones tanto físicas como psicológicas, morales y patrimoniales, el diez de enero de dos mil diecinueve, la quejosa promovió ante las autoridades señaladas como responsables en la demanda de amparo indirecto un escrito de reclamación patrimonial, mismo que a la fecha no ha tenido respuesta.

Pero en vez de atender a la víctima y cumplir el mandato del artículo ocho constitucional que obliga a todos los funcionarios y empleados públicos a dar contestación por escrito y en breve término al derecho de petición de los gobernados, el gobierno de Beristain privilegió combatir jurídicamente la sentencia del juez y solicitar su revisión.

El principal alegato de las autoridades municipales para negarse a dar respuesta al derecho de petición de la afectada, es que ésta no dirigió sus escritos a las autoridades competentes, argumento que el juez de primera instancia declaró como infundado.

Por razón de turno tocó al Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo de Circuito revisar la sentencia impugnada por el Ayuntamiento de Solidaridad, bajo el expediente 392/2019, y el diez de diciembre último sus tres magistrados de forma unánime confirmaron que el silencio del gobierno de Beristain ha venido violando sistemáticamente el derecho de petición de la víctima.

En su sentencia el órgano colegiado esbozó:

El derecho de petición consagrado en el artículo 8o de la Carta Magna anteriormente transcrito, cuyo titular es el gobernado en general, significa la facultad de ocurrir ante cualquier autoridad a formular una solicitud o instancia por escrito que adopta específicamente el carácter de petición administrativa, acción, recurso, etcétera, por virtud de la cual el Estado y sus autoridades, es decir, sus funcionarios y empleados tienen como obligación el dictar un acuerdo escrito a la solicitud que el gobernado les eleve, el cual debe serle dado a conocer en breve término.

La existencia de este derecho como garantía individual, surge como consecuencia de la exigencia jurídica y especial de un régimen de legalidad bajo el que no está permitido el hacerse justicia por propia mano, es decir, surge como negación del sistema de la vindicta privata, en que a cada cual era dable hacerse justicia por sí al sentirse vulnerado en sus derechos, para exigir el respeto a su esfera jurídica sin la intervención de autoridad alguna.

 

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