Deslindan al estado de desvíos de ediles

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  • Irregularidades en el manejo de recursos por parte de municipios no son responsabilidad de la administración estatal.

 

FELIPE VILLA

CANCÚN, Q. ROO.- El más reciente examen practicado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre el manejo que dieron las entidades federativas a los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales, arrojó que el gobierno de Quintana Roo “cumplió con sus obligaciones de transparencia”.

Para 2018 este programa federal destinó a los once municipios del estado, en conjunto, 683 millones 591 mil 500 pesos que fueron entregados en tiempo y forma por el gobierno de Carlos Joaquín al disponer “de mecanismos adecuados para garantizar el cumplimiento de la normativa en la distribución”.

De esta manera, el máximo órgano de fiscalización del país deslindó a la administración estatal de las irregularidades detectadas en la aplicación de los recursos de este Fondo a cargo de los gobiernos municipales, donde Othón P. Blanco y Felipe Carrillo Puerto presentaron desfalcos por poco más de 37 millones y de 2 millones de pesos, respectivamente.

Los recursos de este Fondo constituyen una de las principales fuentes de ingresos para los municipios y, generalmente, el único medio para realizar infraestructura básica en beneficio de la población en condiciones de pobreza, se reconoce en la auditoría de cumplimiento 2018-A23000-19-1239-2019.

La Federación entrega los recursos a los gobiernos de los estados, quienes a su vez los canaliza a las administraciones municipales.

Las dependencias encargadas de la primera parte del proceso son la Secretaría de Desarrollo Social (hoy Secretaría de Bienestar), que es la que entrega los recursos, y la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefliplan) del gobierno de Quintana Roo, que es la que los recibe.

La Sefiplan cumplió por su parte con la transferencia de recursos a los municipios “de manera directa y sin limitaciones ni restricciones, dentro del plazo establecido en la normativa, en las cuentas bancarias que los municipios autorizaron para tal efecto”.

 

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