Frena Sedatu privatización de 200 terrenos nacionales

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  • Los avalúos estaban ‘mal hechos’, por debajo de su valor de mercado

 

MARCO ANTONIO BARRERA

SOLIDARIDAD, Q. ROO.- La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) detuvo los procesos de venta de casi 200 terrenos nacionales cuya enajenación heredó del anterior gobierno federal, confirmó su titular Román Meyer Falcón.

Los avalúos, reconoció, estaban “mal hechos” por debajo de su valor de mercado y de proseguir las operaciones habrían representado una pérdida para la Federación de tres mil 200 millones de pesos.

El funcionario señaló que la venta de predios que recibió del gobierno de Enrique Peña se tasó por la vocación agropecuaria del suelo cuando en realidad tendrían otro uso.

De concluirse las operaciones se habría obtenido únicamente 400 millones de pesos, la octava parte del valor real de los bienes nacionales.

“Se venían evaluando como terrenos de producción agropecuaria sin que fuera compatible con lo que realmente pasaba en esa zona, cuando realmente lo que se iba a utilizar era el terreno”.

Meyer Falcón dijo en entrevista con Luces del Siglo que la instrucción del presidente López Obrador fue detener la venta masiva de esas operaciones para detectar primero la vocación del suelo y después integrar las nuevas reservas territoriales para beneficio del país.

 

Obras prioritarias

 

El titular de la Sedatu encabezó un recorrido por este municipio para inspeccionar el avance de obras en las que se aplican 231 millones de pesos en la construcción, rehabilitación y ampliación de 12 inmuebles, con una inversión de 195 millones de pesos, además de diversos equipamientos y espacios públicos en los que se destinan 36 millones de pesos.

Los trabajos forman parte del Programa de Mejoramiento Urbano 2019 del gobierno de la República que integra a 16 municipios de México, de una meta de 100 en el presente sexenio. Los espacios designados son intervenidos para beneficio de las comunidades.

En la entidad, las obras se realizan en Solidaridad y tienen un avance de poco más de 50 por ciento. Una vez concluidas serán entregadas a la población beneficiada por el presidente López Obrador, entre enero y febrero próximo

Las 12 obras consisten en el Centro de Asistencia de Desarrollo Infantil en donde se invierten 10 millones de pesos, un espacio público de la Colonia 28 de julio (5 mdp), Ciudad juventud (29 mdp), el Centro de Rehabilitación e Integración Municipal (31 mdp) y la ampliación del Centro de Desarrollo Comunitario Bellavista (12 mdp).

Además, las rehabilitaciones del Centro de Desarrollo Comunitario El Ejido (5 mdp) y el Centro Comunitario 28 de julio (casi 2 mdp), las intervenciones de las unidades deportivas Poliforum (17 mdp) y Forjadores (21 mdp), el Centro Cultural (22 mdp) y la construcción y rehabilitación del Mercado el Mundo de las Piñatas (31 mdp) y de un parque público (10 mdp), así como el equipamiento y mejoramiento de espacios públicos de seis calles en las que se invierten 36 millones de pesos

El Programa de Mejoramiento Urbano de la Sedatu se aplica por única vez al año en los 16 municipios de México previamente estudiados, aunque por instrucción presidencial se repetirá el apoyo en Acapulco y Tijuana, de acuerdo al secretario Meyer Falcón.

 

Programa de Vivienda

 

El Programa Nacional de Vivienda contempla un conjunto de lineamientos establecidos por la Federación con tres objetivos fundamentales: Reconocer que hay un déficit de mejoramiento e implementación de acciones para ampliación o sustitución, la intensificación en el cumplimiento de los siete elementos que señala la ONU-Hábitat para ver la vivienda en toda su integralidad y el déficit de 9.4 millones de acciones en el centro y sur del País.

Román Meyer explicó que la estrategia de mejoramiento federal comprende la ampliación o sustitución en 70 por ciento del programa y el restante 30 por ciento se concentrará en la construcción de vivienda.

Por primera vez, el gobierno federal reconoció que la falta de vivienda no obedece a la falta de unidades nuevas sino a la necesidad de mejoramiento y ampliación de las existentes.

La población objetivo es aquella que carece de una vivienda adecuada, la que no tiene acceso a los mecanismos de financiamiento, que no es derechohabiente o carece de algún tipo de apoyo de cualquier institución crediticia.

Las autoridades insistirán para que las viviendas se vean en toda su integralidad para dar certidumbre jurídica y calidad de vida a las personas, a través de brindar una educación cultural, dotación de servicios, tenencia de la tierra y ubicación y transporte, entre otros aspectos.

“Nuestra principal crítica ha sido a cómo se había venido desempeñando la política pública en materia de vivienda en las últimas décadas, donde vimos una gran concentración de viviendas nuevas de interés social en zonas muy periféricas, alejadas de los centros de población y que eso ha generado, entre otras cosas, un abandono masivo de viviendas”.

Se trata de establecer también una vinculación con los gobiernos estatales y municipales para que los usos de suelo se apeguen a esos mismos criterios. La coordinación habrá de extenderse a los institutos locales de vivienda, el Fovissste, la Sociedad Hipotecaria Federal y el Infonavit.

“Creo que ahora los institutos nacionales de vivienda ya también tienen que empezar a mirar que no solamente dan crédito sino también tienen una responsabilidad de cómo ese crédito termina colocándose en el territorio”, concluyó.

 

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