Suman triunfos contra el cobro por Derecho de Alumbrado Público

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  • Las impugnaciones por el cobro del DAP se dan mediante juicios de amparo que los quejosos promueven ante jueces de Distrito.

 

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Al menos 248 autoridades municipales del país enfrentan juicios de amparo por el cobro del llamado Derecho de Alumbrado Público (DAP), que se paga como un cargo aparte en la misma factura por consumo de energía eléctrica en hogares, empresas y negocios.

Salvador Bravo Hernández, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, estableció en la sentencia 715/2019 que los usuarios que demandan la protección de la Justicia federal lo hacen contra los actos de autoridad de alcaldes, tesoreros municipales y hasta legisladores de Congresos, como Aguascalientes, Oaxaca y Quintana Roo.

Las impugnaciones por el cobro del DAP se dan mediante juicios de amparo que las víctimas promueven ante jueces de Distrito o con la revisión de sentencias en salas de alzada a las que recurren las autoridades y en las cuales se confirman los fallos que protegen a los usuarios.

A través de estos mecanismos de protección legal, los afectados revierten los cobros con sentencias que además obligan a las autoridades municipales a reintegrar los pagos efectuados por los quejosos, con las correspondientes actualizaciones.

En una decena de casos analizados y que fueron favorables a los usuarios del servicio eléctrico por el DAP, jueces de Distrito revelaron la inconstitucionalidad con que se aplica el cobro, al usarse como un impuesto sobre el consumo y no como un derecho recaudatorio previsto en la legislación local.

En las resoluciones, se explica que el establecimiento del cálculo de pago de cinco por ciento es inconstitucional porque de origen la legislación que lo sustenta invade las atribuciones de la Federación, debido a que el tema que soporta el actual método de cobro debería ser legislado por el Congreso de la Unión, lo cual no ocurre.

“Las leyes o códigos locales que establecen como referencia para su cobro la cantidad que se paga por el consumo de energía eléctrica son inconstitucionales porque invaden la esfera de atribuciones de la Federación”, dicta la Jurisprudencia P./J. 6/88 sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

 

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