Rechaza gobierno federal críticas de ONU por consulta del Tren Maya

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El gobierno federal se lanza contra ONU-Derechos Humanos por su posición frente a la consulta del Tren Maya.

 

ANTONIO BARANDA / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Ejecutivo federal tronó contra la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), luego de que afirmó que el proceso de consulta indígena y el ejercicio participativo sobre el Tren Maya no cumplieron con estándares internacionales.

En un pronunciamiento conjunto, la Presidencia, la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas sostuvieron que la ONU-DH México no sólo perdió objetividad, sino que abonó a un clima de incertidumbre y de falta de respeto a la decisión que tomaron los pueblos originarios de avalar el proyecto.

“(Posición) válida y respetable desde luego, cuyo único resultado satisfactorio habría sido el rechazo del proyecto, lo cual no fue el caso. Con esta actitud se aparta de su misión de construir las condiciones para el pleno ejercicio de los derechos humanos”, sentenció.

“Expresamos nuestra preocupación ante las descalificaciones que han vertido diversos actores, en especial la ONU-DH México, pues prejuzgando sobre hechos futuros relacionados con el proyecto de desarrollo abonan a un clima de incertidumbre y de falta de respeto a la legítima voluntad que han expresado las comunidades indígenas”.

El gobierno federal argumentó que los estándares internacionales que prevén y garantizan la consulta indígena son principios generales que los Estados deben adecuar a las realidades y particularidades de los pueblos y comunidades involucradas.

“Por ello, en la consulta indígena fueron adecuados dichos estándares a las características específicas del Proyecto de Desarrollo Tren Maya, obra de modernización y ampliación del tren que actualmente funciona en los estados de Chiapas, Tabasco y la Península de Yucatán”, señaló.

Luego de que la ONU-DH también observó que las comunidades manifestaron su aval al proyecto como una vía para recibir atención a sus necesidades básicas, como agua, salud y educación, el gobierno federal afirmó que es aventurado afirmar eso sin fundamento.