Juan Pablo Guillermo, ex borgista buscado en Quintana Roo; libre en Yucatán

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  • Juan Pablo Guillermo Molina, sobre quien pesan al menos siete acusaciones como presunto operador de diversos desvíos por más de tres mil 177 millones de pesos durante el gobierno de Roberto Borge Angulo.

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Juan Pablo Guillermo Molina, sobre quien pesan al menos siete acusaciones como presunto operador de diversos desvíos por más de tres mil 177 millones de pesos durante el gobierno de Roberto Borge Angulo, cerrará 2019 sin ser aún capturado por la justicia estatal y con 15 amparos en defensa de su libertad, sus bienes y su prestigio como servidor público.

Desde noviembre de 2018, después que un juez estatal emitió una orden de aprehensión para que responda a las acusaciones que lo vinculan con el saqueo de Quintana Roo durante la pasada administración estatal, el ex secretario de Finanzas del gobierno de Borge ha gozado de impunidad y bajo fuertes rumores de que se mueve libremente por la ciudad de Mérida, la capital yucateca.

En su estrategia legal, Guillermo Molina ha demandado amparo contra acciones de autoridades federales y estatales, como diputados, jueces, ministerios públicos, coordinadores y directores de dependencias públicas relacionadas con sanciones a funcionarios públicos.

En un primer frente, pretende defenderse de todo acto privativo de libertad en su contra, así como de posibles actos que constituyan el embargo de sus cuentas, sus bienes o sus propiedades.

Para evitarlo, solicitó amparos contra el Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio del Distrito de Chetumal, al que atribuye la orden de aprehensión, y contra el Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra Servidores Públicos de la Fiscalía Especial en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado, que investiga sus bienes en Quintana Roo.

En uno de los recursos legales en el Juzgado Quinto de Distrito le fue negada la protección contra cualquier orden de aprehensión, detención, presentación, búsqueda y/o localización por la investigación penal en su contra, mediante el caso 497/2019 del 16 de mayo pasado.

En un segundo frente, el presunto operador financiero de Borge se defiende para revertir el juicio político que se le inició en el Congreso del Estado, por lo cual promovió dos amparos contra la admisión del juicio político por parte de los diputados de la XV Legislatura y específicamente contra el presidente de su Gran Comisión.

Uno de esos amparos (número 871/2018) fue resuelto desfavorablemente para Guillermo Molina por el Juez Sexto de Distrito, que declaró improcedente el uso de este instrumento legal para combatir decisiones procedentes de facultades exclusivas del Poder Legislativo del estado.

Inconforme con esta resolución, Guillermo Molina solicitó la revisión del caso el cual tocó resolver al Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Distrito (bajo el amparo en revisión 296/2019), cuya suspensión provisional le fue concedida el 29 de enero del presente año.

En un tercer y último frente, el ex funcionario borgista se amparó también contra posibles sanciones administrativas, como la inhabilitación para trabajar en el sector público que teme por parte de la Secretaría de la Contraloría del Estado, en específico del Coordinador General de Sustanciación y Resoluciones y del Coordinador de Investigación “A” adscrito a la Coordinación General de Investigación y Situación Patrimonial.

En el Juzgado Séptimo de Distrito, caso 521/2019, trató de desvirtuar los cargos del Fiscal del Ministerio Público Especializado en Combate a la Corrupción, cuya argumentación fue desechada.

Ante el Segundo Tribunal Colegiado, sin embargo, tiene otro amparo en revisión, número 531/2019, por el caso que encabeza la coordinación general de sustanciación y resoluciones de la Secretaría de la Contraloría del Estado

Ante otras autoridades, también promovió amparos contra actos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, y de los cuales obtuvo una suspensión provisional ante una resolución contra la sentencia 41/2019 que lo protege de la resolución de un Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial de Chetumal.

Y en defensa de sus bienes obtuvo un amparo indirecto del Juzgado Sexto de Distrito para la devolución de una escritura pública que le negó el delegado del Registro Público de la Propiedad de Quintana Roo, según el caso 471/2019.

 

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