Sugieren repensar el alcoholímetro en Cancún

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  • Creado como medida de prevención de accidentes vehiculares, el alcoholímetro corre riesgo de desvirtuarse si se usa como fuente recaudatoria.

 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Las modificaciones al programa del alcoholímetro en el municipio de Benito Juárez están generando cada vez más voces críticas que señalan que sólo sirven para legitimar un escape recaudatorio para los detenidos en favor de la comuna.

Cynthia Dehesa Guzmán, directora de Ciudadanos por la Transparencia, dijo no haber recibido, de momento, invitación para sumarse a los trabajos de observación durante los operativos llevados a cabo en varios puntos de la ciudad; sin embargo, expresó la necesidad de “repensar” las modificaciones aprobadas.

Al respecto, la también participante del Sistema Estatal Anticorrupción de Quintana Roo consideró que el enfoque prioritario debe ser la seguridad en lugar de establecer mecanismos recaudatorios ante la falta de un objetivo y, por consiguiente, desvirtuar su utilidad.

Como complemento, sugirió que los establecimientos que pueden vender alcohol en el municipio se involucren el programa, con el fin de fortalecer la prevención. De igual manera, se debe trabajar en materia de movilidad y así mejorar la confianza de la gente en el transporte público.

Dehesa Guzmán consideró que, justo en ese tópico, se originan muchas de las faltas cometidas por la gente, que prefiere “arriesgarse” y disfrutar de una noche de diversión antes que aventurarse en el transporte público, cuyas unidades suelen presentar mal estado y son manejadas por conductores que no respetan el reglamento de tránsito y ponen en riesgo a sus usuarios.

Agregó que no descartaría formar parte del programa si se tratara de funciones más estructurales y a través de Ciudadanos por la Transparencia, luego de la invitación realizada por el Ayuntamiento a toda la ciudadanía en general para verificar el funcionamiento del alcoholímetro.

Las modificaciones al alcoholímetro ofrecen dos alternativas a la prisión de 36 horas estipulada originalmente: pagar una multa que va de los ocho mil hasta los 12 mil pesos o conmutar el arresto con horas de servicio comunitario.

Anteriormente, el director de los juzgados cívicos en Benito Juárez, Fabián Gamboa Song señaló que cerca del 40 por ciento de los conductores detenidos en los operativos hicieron uso de amparos para evadir la prisión temporal.

 

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