Temen priistas de Quintana Roo pisar la cárcel

1507

 

  • La lista la encabeza el ex gobernador Félix González Canto, quien se defiende contra una sanción administrativa aplicada por la Secretaría de la Contraloría del estado.

 

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Vinculados a presuntos actos de corrupción durante los pasados gobiernos priistas, al menos cuatro ex funcionarios que temen perder su libertad o acusan dilación en los procesos que enfrentan ante los tribunales, buscan el amparo de la justicia federal para evitar ser sancionados.

La lista la encabeza el ex gobernador Félix González Canto, quien se defiende contra una sanción administrativa aplicada por la Secretaría de la Contraloría del estado, la cual combate vía amparo ante el Juzgado Sexto de Distrito, expediente 829/2019, bajo el argumento de que el Tribunal de Justicia Administrativa ha sido omiso en anular el procedimiento de responsabilidad administrativa que le fue aplicado.

El 3 de octubre el Juzgado resolvió no conceder la suspensión definitiva que el ex mandatario pretendía conseguir, incluso la autoridad judicial el 23 de diciembre notificó que el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, mediante un oficio indicó que se emitió un acuerdo que desechó por improcedente el recurso de reclamación hecho valer por el ex mandatario.

Otro que teme por su captura es José Alejandro Marrufo Roldán, secretario privado del entonces gobernador Félix González Canto, y durante la administración borgista fue tesorero y titular de la Sefiplan.

Se le señala de cometer un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública, ya que en su momento no se proporcionó, ni se hizo la asignación presupuestal ni se acreditó el destino de los recursos correspondientes de las participaciones federales del ejercicio fiscal 2016.

Por estos hechos, en 2018 un Juez de Control de Chetumal libró orden de aprehensión en contra de Marrufo Roldán pero fue hasta el pasado mes noviembre de 2019 que solicitó la protección de la justicia federal contra “actos privativos de la libertad que pudieran ser cumplimentados mediante una orden de aprehensión, reaprehensión, presentación o comparecencia”, sin embargo, apenas el lunes 30 de diciembre se le negó la suspensión definitiva.

En paralelo, el ex funcionario promovió otro amparo (expediente 249/2019) en contra de la discusión, aprobación y expedición de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y específicamente reclamó como violatorio a sus garantías el contenido del artículo 208 Fracciones II y V, que valida la legalidad del procedimiento de responsabilidad administrativa ante las Secretarías y Órganos internos de control, el cual le fue aplicado en su caso.

El recurso ingresó el 19 de marzo de 2019, el 2 de abril se desechó, por lo que interpuso una queja ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, que para el 4 de octubre la autoridad desechó el asunto y actualmente está en revisión.

Otro recurso de Marrufo Roldán está identificado con el número 1035/2019 ingresó en noviembre de 2019, contra actos atribuibles al coordinador general de Sustanciación y Resoluciones de la Secretaría de la Contraloría, en el procedimiento SECOES/SRN/CGSR/PRA0004/2018, argumentando violaciones constitucionales a los artículos 14, 16 y 17, días después el recurso fue desechado.

De nueva cuenta, interpuso un recurso de queja ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, mismo que el 3 de diciembre fue admitido con el número de toca 426/2019.

Manuel Jesús Conde Canto, primo del ex gobernador Félix González y quien estuvo al frente de la paraestatal VIP Saesa, que los gobiernos de Félix y Borge emplearon como caja chica, es otro de los personajes que ha buscado protegerse.

El expediente 1087/2019 establece que el 12 de diciembre fue presentado el amparo ante el Juzgado Sexto de Distrito por la orden de detención, presentación, aprehensión, reaprehensión y/o comparecencia dictada en su contra emitida por un juez penal oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, así como la ejecución de este ordenamiento.

Un día después, es decir, el 13, Conde Canto consiguió la suspensión provisional debiendo exhibir la cantidad de 8 mil 400 pesos como garantía; el próximo 13 de enero se llevará a cabo la audiencia constitucional.

Raúl Enrique Labastida Mendoza, ex consejero jurídico en el sexenio de Roberto Borge, es otro de los ex servidores que han buscado la protección de la justicia federal. El 12 de noviembre del año pasado pidió la suspensión provisional y definitiva por actos privativos de la libertad, como lo es una orden de aprehensión, detención, presentación y su cumplimiento, no obstante, la justicia federal resolvió que no era su competencia.

En 2017, la entonces Secretaría de la Gestión Pública ahora Secretaría de la Contraloría presentó una denuncia en su contra por ejercicio indebido de la función pública, derivado de una auditoría extraordinaria practicada, como parte del procedimiento de entrega recepción, donde se detectaron irregularidades en gastos efectuados por el ex funcionario por más de un millón de pesos.

 

Quizá te interese: Despojan inmuebles en Benito Juárez; juez federal repone