Deja ‘Torito’ de Cancún 29.4 millones de pesos en 2019

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  • Cuesta noche de copas $15 mil promedio, por amparo, arrastre, corralón y grúa

 

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Al cierre de 2019, mil 959 personas que condujeron alcoholizadas un vehículo automotor recurrieron al amparo para no pisar el “Torito”, cuya práctica dejó una derrama económica de casi 29.4 millones de pesos repartidos entre abogados, grueros, responsables de depósitos vehiculares y multas municipales.

El uso de ese recurso legal entre quienes violaron el Reglamento de Tránsito recayó en seis de los ocho juzgados de Distrito radicados en Cancún que admitieron entre 264 y 416 casos cada uno durante 2019. La protección de la Justicia Federal logró dejar en libertad a los infractores pese a que después muchos de los amparos se desecharon por falta de ratificación.

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Quienes utilizaron el Juicio de Garantías como salvoconducto para evitar el arresto inconmutable de 20 a 36 horas que dicta la reglamentación municipal, fueron presas de “mafias” de coyotes que operan en contubernio con las autoridades policiacas en retenes policiacos inconstitucionales, con detenciones ilegales y la falta de personal calificado para certificar el grado de alcoholemia, de acuerdo a especialistas jurídicos.

El daño a la cartera de los afectados fue de 4 mil pesos por la “gestión” para lograr la protección federal, 8 mil pesos por arrastre y estancia del vehículo en depósitos y el pago de multas de hasta 3 mil pesos; es decir, entre amparo, grúa, corralón y sanción municipal, una noche de copas cuesta un promedio de 15 mil pesos a los cancunenses.

Héctor Pérez Rivero, presidente de la Federación de Colegios y Barras de Abogados de Quintana Roo, reconoció que el Juicio de Amparo es un derecho constitucional contra la ilegalidad constitucional que representan los retenes policiacos y la detención de las personas sin una orden judicial de por medio, pero al mismo tiempo protegen al afectado frente a la certificación en materia de alcoholemia derivado de la ausencia de personal calificado.

El jurista expuso a Luces del Siglo que “hay una mafia de coyotes” que actúan en contubernio con mandos policiacos que les permiten operar en el mismo retén y que ofrecen el amparo a cambio de 4 mil pesos.

“Desde que hacen el retén es una mafia porque los coyotes, que ni siquiera son abogados, ya están incluso en el Juzgado de Distrito. Solamente reciben el nombre de la persona y ya te está promoviendo el amparo. Hay un coyote en los retenes que te dice ‘quieres el amparo te cuesta 3 mil o 4 mil pesos. Hay una persona en el retén y hay una persona que está en el juzgado con suficientes copias y solamente le pone tu nombre para que te den la libertad inmediata”.

Con eso, añadió, van a la cárcel municipal y logran la libertad inmediata con la ratificación de la víctima de que se le detuvo de manera ilegal. Los “coyotes”, abundó, actúan sin pagar IVA ni ISR. “Es un dinero limpio para ellos, no pagan ningún impuesto por ese dinero”.

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La Dirección General de Centros de Retención y Sanciones Administrativas del Municipio Benito Juárez reconoció en el oficio número DGCRySA/1923/2019, el cual tiene asignado un periodo de reserva de un año y del que Luces del Siglo tiene una copia, que entre julio y septiembre del año pasado se contabilizaron 1045 infractores detenidos, entre ellos cuatro menores de edad.

Según otros documentos oficiales, de los que este diario también tiene una copia, de enero a junio de ese mismo año la cifra de infractores por alcoholemia fue de 2 mil 783 entre enero y septiembre pasado, lo que representaría la detención de casi 4 mil personas al cierre de 2019.

Por el contrario, el Poder Judicial Federal contabiliza mil 959 amparos, de los cuales 416 se radicaron en el Juzgado Octavo de Distrito, 370 en el Tercero, 341 en el Quinto, 288 en el Segundo, 280 en el Cuarto y 264 en el séptimo. Únicamente los juzgados primero y sexto no reportan casos de esos tipos de amparo. Lo anterior implicaría que la mitad de los detenidos cumplen el arresto o pagan la multa correspondiente que establece la Ley de Derechos del Estado de Quintana Roo.