Sin trabajo, 169 integrantes del Seguro Popular en Quintana Roo

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  • Ante la falta de certidumbre en su situación laboral, los 169 ex trabajadores del Seguro Popular realizan manifestación 

 

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.– Un total de 169 personas comenzaron el 2020 sin trabajo por la entrada en funciones del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que reemplaza al Régimen Estatal de Protección Social en Salud, mejor conocido como Seguro Popular.

A causa de ello, ayer por la mañana un grupo de ex trabajadores del Seguro Popular se manifestó afuera de las instalaciones del extinto instituto ante la incertidumbre por su situación laboral y supuesto incumplimiento de indemnizaciones.

Alfonso Acosta Narváez, uno de los ex trabajadores que resultó afectado con la nueva determinación federal, explicó que hasta la fecha no han recibido respuesta alguna por parte de algún superior.

“Nosotros queríamos una continuidad laboral, nos ofrecen una liquidación y los que la pidieron tampoco se las han dado. Lo único que queremos es lo justo, que se nos reconozca nuestra antigüedad, hay trabajadores que tenemos hasta 10 años”.

El pasado 3 de diciembre, la ex directora del organismo Gabriela Sosa Guerra escribió un oficio a la titular de la Secretaría de Salud, Alejandra Aguirre Crespo para solicitar su apoyo “para que dentro de su alcance, pueda ser considerada la plantilla del personal de este organismo como Seguridad Social e ISSSTE, para poder incluirlas en plazas dentro de los Servicios Estatales”, se lee en el documento.

Por disposición de la Ley General de Salud, modificada el 29 de noviembre del año pasado, el Seguro Popular dejó de tener relación laboral con 169 personas en Quintana Roo, que realizaban labores de afiliación y gestión médica.

Los afiliadores realizaban el registro, renovación y emisión de pólizas; mientras que los gestores médicos realizaban la tutela de derechos en hospitales y centros de salud para verificar que existiera la garantía de la cartera de servicios que brindaba el Seguro Popular.

Los afectados trabajaron por última vez el 23 de diciembre, misma fecha en la que la incertidumbre vive en cada uno de ellos, pues no tienen la certeza que serán recontratados o en su caso, liquidados.

 

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