Favorece Heyden Cebada Ramírez a infractor en Benito Juárez

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  • La decisión de dar por terminado el caso bajo el argumento de que en el padrón oficial del Ayuntamiento no está registrado el anuncio publicitario como tampoco fue posible encontrar al presunto infractor.

 

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Al simular un procedimiento administrativo para evitar imponer sanciones al responsable de un anuncio publicitario ilegal, el director de Desarrollo Urbano del Municipio de Benito Juárez, Heyden José Cebada Ramírez, canceló el derecho a la justicia de una persona moral.

La decisión de dar por terminado el caso bajo el argumento de que en el padrón oficial del Ayuntamiento no está registrado el anuncio publicitario como tampoco fue posible encontrar al presunto infractor, no convenció al juez federal al que tocó conocer vía amparo este conflicto entre dos particulares y pidió ir más al fondo.

Al resolver el juicio de amparo 614/2019-III, el juez Julio César Ortiz Mendoza expuso que la lógica empleada por el servidor público implicó para la afectada “que se hagan nugatorios sus derechos de obtener una eventual sanción al responsable de dicha estructura”.

El Juez Octavo de Distrito también observó insuficiencias en la actuación de Cebada Ramírez al dar por “agotado” el procedimiento de investigación, consistente en consultar su base de datos y enviar a un visitador a constatar el sitio de la denuncia, sin buscar ir más allá.

“El hecho de que el espectacular no se encontrara en la base de datos de los archivos a su cargo, no es obstáculo para realizar diversas acciones de investigación para dar con el responsable de dicha estructura”, juzgó Ortiz Mendoza.

La empresa afectada impugnó la omisión del director de Desarrollo Urbano municipal de dar contestación a escritos enviados el 29 marzo, 16 y 23 de abril y 15 de mayo de 2019. En todos, solicitó iniciar el procedimiento de denuncia ciudadana que contemplan los artículos 63, 64 y 65 y 67 del Reglamento de Anuncios y Publicidad del Municipio de Benito Juárez.

El ordenamiento establece que la autoridad municipal está obligada a integrar el expediente del caso, practicar inspecciones y las diligencias necesarias para emitir una resolución en un máximo de cinco días hábiles de recibir la denuncia. Además, advierte que al servidor público que desatienda o actúe de manera negligente “se le aplicarán las sanciones previstas”, según dicta el artículo 64.

El afectado denunció que el contenido del anunció dañaba sus derechos, por lo que solicitó su retiro inmediato y la clausura total del inmueble y los medios usados para publicar el mismo.

Tras la visita de inspección municipal se notificó que el anuncio había sido retirado, pero la permanencia del mismo fue constatada por la propia afectada a través de una fe de hechos del Notario Público Suplente 84 de Quintana Roo.

Cebada Ramírez se declaró impedido para dar inicio al procedimiento en un oficio que envió a la afectada el 23 de mayo de 2019, y dio por terminada la solicitud.

Mediante la revisión número 357/2019 que conoció el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, se revocó la respuesta municipal y se ordenó la reposición del Juicio de Amparo que quedó a cargo del Juzgado Octavo de Distrito.

El Juez resolvió en la sentencia que el funcionario municipal transgredió el artículo 16 constitucional al evitar fundar y motivar su respuesta de negativa “trastocando el derecho a la legalidad” e impidiendo “el derecho de audiencia y de acceso a la administración de justicia” consagrados en los artículos 14 y 17 de la Carta Magna.

“A la responsable no le está concediendo la oportunidad de que su imputación sea oída y de esta manera se conozca a los responsables de la comisión de un hecho que el precitado reglamento señala como infracción, a efecto de que pueda iniciar las acciones tendientes a la reparación de un daño o la sanción por dicha infracción”, señala la sentencia que causó ejecutoria el 24 de diciembre pasado.

 

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