Plastiqueras pierden batallas ante jueces

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  • La empresa Plasti Mark S.A. de C.V., que encabeza la lista de amparos, perdió en primera instancia el juicio promovido contra la veda legal al uso, comercialización y distribución en la entidad, de popotes, bolsas, embalajes y envases.

 

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La batalla jurídica por la entrada en vigor de la Ley para la Prevención, Gestión Integral y Economía Circular de los Residuos del Estado de Quintana Roo, propinó los primeros descalabros a las distribuidoras de plástico y unicel de un solo uso, que vía amparo buscan frenar las prohibiciones que entraron en vigor a partir del pasado 1 de enero.

La empresa Plasti Mark S.A. de C.V., que encabeza la lista de amparos, perdió en primera instancia el juicio promovido contra la veda legal al uso, comercialización y distribución en la entidad, de popotes, bolsas, embalajes y envases, al tratarse de reformas que imponen medidas legítimas de protección al medio ambiente, la ecología y la salud humana.

El argumento de los jueces federales para negar el amparo a esta empresa es que el consumo de estos productos, “es un derroche y una fuente de contaminación, que al ser arrasados o abandonados en el mar representan una amenaza para la fauna marina, los ecosistemas, la biodiversidad y las industrias del turismo y la pesca”.

Hasta el momento, los tribunales federales han negado cuatro amparos de mayoristas, distribuidores y comerciantes que se dicen afectados por la modificación al artículo 22 de Ley para la Prevención, Gestión Integral y Economía Circular de los Residuos del Estado de Quintana Roo, bajo el razonamiento de que la prohibición de uso de los plásticos y unicel está fundamentada legalmente y se “limita el ejercicio de un derecho en función del bienestar colectivo”.

Los cambios aprobados por diputados locales al artículo 22 del ordenamiento estatal en junio pasado, prohíbe el uso, comercialización y distribución en Quintana Roo y sus zonas de exclusión de popotes de plástico, envases para bebidas, platos, vasos, tazas, copas, charolas y cubiertos desechables.

Además, la legislación alcanza a los productos derivados del poliestireno expandido, anillos de plástico para envases y las bolsas de plástico desechables para el traslado de mercancías en mercados, supermercados, tiendas de servicio y autoservicio, tiendas de conveniencia, farmacias, restaurantes y similares.

Julio César Ortiz Mendoza, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, al desechar el juicio de amparo 909/2019-V-B que promovió la compañía cancunense Plasti Mark S.A. de C.V, resolvió que deben privilegiarse los intereses de la colectividad respecto de los particulares.

Uno de los objetivos de dicha ley, expuso, es prevenir, reducir, sustituir, limitar o en su caso eliminar el uso de productos comerciales de difícil degradación natural.

El impartidor de justicia consideró ineficaces e infundados los argumentos con los que la distribuidora de plásticos intentó combatir la constitucionalidad de los cambios, pese a que argumentó que la reforma dejó a esa empresa en estado de indefensión al señalar los alcances de la norma de manera ambigua “cuando existen en el mercado ciertos productos derivados de dicho componente principal”.

La quejosa alegó que el ordenamiento supuestamente viola el principio de legalidad y de exacta aplicación de la ley porque “el legislador omitió precisar el tipo de plástico que se prohíbe, así como especificar qué tipo de bolsas son consideradas aptas para el manejo de residuos que pudiesen ser objeto de uso, comercialización o distribución, además que no se establecen los tipos de plástico que representan alternativas benéficas para el medio ambiente, como los elaborados con materiales reciclados, biodegradables, oxobiodegradables, compostables y reciclables en un periodo menor a cinco años”.

El juez federal argumentó en el estudio de fondo que la Ley no es ambigua porque señala expresamente la prohibición del tipo de plástico y que fue inoperante el concepto formulado de alternativas benéficas para el medio ambiente porque no se presentaran pruebas que lo demostraran.

Los argumentos que se formularon de una presunta violación a la constitucionalidad fueron ineficaces, ni los cambios tienen carácter de ley privativa, pues están investidos de generalidad, abstracción y permanencia. Incluso, resolvió, tampoco se atenta contra el principio de igualdad jurídica.

El juez de distrito tampoco encontró elementos razonables para analizar un posible trato discriminatorio ni de desigualdad del Poder Legislativo del estado ni de violaciones a la libertad de comercio, debido a que se trata de una prohibición parcial y se antepone el interés de la sociedad por encima del particular.

A la empresa Polietilenos Valladolid S. A. de C.V. el Juez Séptimo de Distrito negó también la suspensión definitiva, cuyo caso se analiza ante el primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito que admitió el recurso de revisión y estudio en el caso 520/2019, el 18 de noviembre pasado.

Otros casos que fueron resueltos por la Justicia de la Unión correspondieron a la empresa Polietilenos Valladolid, S. A. de C.V. en la que el Juez Séptimo de Distrito negó la suspensión definitiva. El caso se analiza en el primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito que admitió el recurso de revisión y estudio en el caso 520/2019, el 18 de noviembre pasado.

A la compañía Anguiplast, S.A. de C.V. el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito con residencia en Cancún negó también la suspensión definitiva en el juicio 1109/2019 el 20 de noviembre pasado. El pasado 12 de diciembre, la empresa afectada interpuso recurso de revisión contra la suspensión definitiva y de cuyo caso se realiza en análisis correspondiente.

La Distribuidora DYB, S.A. de C.V. recibió la negativa de la justicia federal mediante el amparo 1110/2019 que resolvió el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, al sobreseer el juicio en la sentencia del pasado día 6.

 

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