Huracán de amparos arrasa la Tesorería del Ayuntamiento

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  • El tesorero del municipio de Benito Juárez, Marcelo José Guzmán, recibe el año con una oleada de juicios de amparo contra el inconstitucional cobro del impuesto adicional para el fomento turístico.

 

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El tesorero del municipio de Benito Juárez, Marcelo José Guzmán, recibe el año con una oleada de juicios de amparo contra el inconstitucional cobro del impuesto adicional para el fomento turístico, desarrollo integral de la familia, desarrollo social y promoción de la cultura.

Los reclamos de personas físicas, empresas y hoteles suman tan sólo ocho casos que admitió el Juzgado Tercero de Distrito en los primeros días del presente año, en los que se impugna el pago de 10 por ciento adicional que se aplica a todos los derechos y contribuciones municipales, excepto a los que se hacen en el predial, alumbrado público y por concepto de músicos y cancioneros profesionales.

El impuesto disfrazado de sobretasa “viola el principio de proporcionalidad tributaria” resolvió recientemente el Juez Séptimo de Distrito, Darío Alejandro Villa Arnaiz, al otorgar la protección de la Justicia de la Unión mediante el amparo 481/2019-IV, y del que ordenó a la autoridad municipal restituir al quejoso el ilegal cobro.

En el estudio de fondo, el Juez Federal señaló que el gravamen adicional que se cobra a los contribuyentes se realiza al amparo del artículo 58 de la Ley de Hacienda del Municipio de Benito Juárez, pero de esa misma práctica ya se había advertido la ilegalidad de los artículos 119 a 125 de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos desde 2013, y de la cual se generó la tesis aislada de la décima época bajo el registro 2007889, página 2969, de los Tribunales Colegiados de Circuito en noviembre de 2014.

“Dicho impuesto adicional cuenta con todos los elementos para ser considerado como un impuesto y no como una tasa adicional o sobretasa del que le sirve de base, pues no está establecido en cada uno de los ordenamientos que prevén los supuestos de causación de los impuestos y derechos municipales”.

Según el Juez Séptimo de Distrito la medida incurre en “idéntico vicio señalado en la multirreferida jurisprudencia 2a./J.126/2013; esto es, transgrede el principio de proporcionalidad tributaria consagrado en el artículo 31, fracción IV constitucional”.

Motivado por ese antecedente, la lluvia de amparos se dio entre el 10 y 14 de enero pasado, cuando el Juzgado Tercero de Distrito admitió los ocho juicios de garantías.

El Juez que resolverá los casos expuso que no tendrá “necesidad de pedir a la autoridad responsable su informe justificado en virtud de que ya obran en autos”.

Los afectados que se manifestaron contra el impuesto adicional del Municipio de Benito Juárez son Abelardo Vara Rivera con el juicio número 32/2020; Bodegas y Talleres Industriales de Cancún S.A. de C.V. con el expediente 33/2020; Lavandería y Tintorería Americana de Cancún, S.A. de C.V. que interpuso el caso 34/2020; y Promotores Santa Fe S.A. de C.V., la cual inició el expediente 35/2020.

Además, la empresa Holderson S.A. de C.V. que tiene el juicio 36/2020; Hoteles Playa Blanca S.A. de C.V. con el 37/2020; Diamante del Caribe S.A. de C.V. que encabeza el juicio de garantías 38/2020; y Maioris Los Lagos S. de R.L. de C.V. con el expediente 39/2020. En todos los juicios de amparo se fijó la audiencia constitucional para el próximo 27 de enero.

Los afectados expusieron que la disposición municipal viola sus derechos consagrados en los artículos 1 y 31 de la Constitución, en los que se establece que todos los individuos gozarán de garantías, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, además de que invocan la proporcionalidad y contribución equitativa de contribuir con los gastos públicos.

 

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