Preparan amparos contra PDU-Tulum

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  • Asimismo informaron que presentarán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un juicio de acción de inconstitucionalidad o interpondrán un amparo colectivo para echar abajo los acuerdos del cabildo.

 

RUBÉN TORRES

CHETUMAL, Q. ROO.- La Comisión Permanente de la XVI Legislatura del estado de Quintana Roo, acordó ayer respaldar los reclamos de activistas y ambientalistas en contra de los acuerdos unilaterales asumidos por el ayuntamiento de Tulum para modificar el Plan de Desarrollo Urbano, con usos de suelo que permitirían la construcción de desarrollos inmobiliarios sobre terrenos de aguas subterráneas. Durante la sesión privada los inconformes presentaron una amplia exposición con audiovisuales sobre el impacto ambiental que provocarían las nuevas disposiciones aprobadas por el cabildo, las cuales todavía deben ser valoradas y aprobadas por el Congreso del estado.

Asimismo informaron que presentarán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un juicio de acción de inconstitucionalidad o interpondrán un amparo colectivo para echar abajo los acuerdos del cabildo.

El grupo de activistas fue recibido por los legisladores Cristina Torres, Edgar Gasca, Iris Mora, Luis Fernando López, Roberto Evales y José Luis Guillén, a quienes les expusieron un estudio técnico y topográfico de cómo podría ocurrir una desgracia y afectación ambiental en 1,650 hectáreas donde se pretende construir un polígono en caso de no respetar lo que ordena el Programa de Desarrollo Urbano (PDU) del estado de Quintana Roo y se evade con normas secundarias.

Esto después que el cabildo de Tulum de forma mañosa, recurrió a la aplicación de lo que emana de la fracción XLII del artículo 7 de la Ley de Asentamiento Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de la entidad y lo publicó de inmediato los días 19, 23 y 24 de diciembre pasados, durante los festejos decembrinos, que permitirán a los inmobiliarias la construcción de lo que expresan esos cinco acuerdos.

Los diputados integrantes de la Comisión Permanente que solo trabaja en asuntos de extrema urgencia, porque los demás legisladores regresarán hasta el próximo 30 de enero, les informaron a los inconformes que sus facultades sólo les permite hacer un “exhorto’’ al ayuntamiento, pero que apoyarían su denuncia ante las instancias judiciales.

En el encuentro quedó claro que de no actuar: 1,360 hectáreas del municipio de Tulum, 800 de ellas que no están calificadas como subterráneas y 560 consideradas sin dominio público, puedan ser enajenadas por empresas desarrolladoras e implementar la construcción del polígono, pese a que se deben cumplir otros requisitos.

Los inconformes explicaron a los legisladores que en esa zona corren aguas subterráneas, lo que significa un grave peligro tanto para la vida humana como al medio ambiente, dado que se debió cumplir con la entrega de “opiniones de otras dependencias competentes sobre las condiciones y medidas que tienen que adoptarse para su adecuada ejecución, previendo además, que en el acuerdo de constitución del polígono, el Ayuntamiento emitirá la aprobación y ordenará su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio’’

Los diputados reconocieron que no hay evidencia alguna en las publicaciones revisadas de la existencia de un plan maestro o de ejecución de acciones, ni de las opiniones que el Ayuntamiento debió solicitar a las dependencias competentes sobre las condiciones y medidas que tienen que adoptarse para la adecuada ejecución del proyecto, por lo que se solicitó al Ayuntamiento determinar si estos requisitos para la constitución del polígono de actuación se cumplieron o no.

 

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