Niegan frenar persecución a Oro Negro

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  • La solicitud de frenar los casos penales fue presentada en julio de 2019, pero el tribunal arbitral la resolvió hasta el 19 de diciembre y publicó su resolución la semana pasada.

 

Victor Fuentes/Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO 27-Jan-2020 .-El tribunal arbitral con sede en Toronto que revisa una demanda de 700 millones de dólares de Oro Negro contra el Estado Mexicano rechazó una petición para suspender la persecución penal contra cinco ex directivos de esa empresa.

Sin embargo, los árbitros ordenaron al Gobierno de México “hacer todos los esfuerzos para colaborar para que el arbitraje se lleve a cabo de manera efectiva, y que se abstenga de adoptar cualquier medida no justificada que pueda agravar la controversia”.

También se ordenó a la Secretaría de Economía confirmar si la Fiscalía General de la República, o la Procuraduría de Justicia de la CDMX integran alguna carpeta de investigación por prevaricato -delito por conflicto de intereses-, contra los abogados de Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, el despacho estadounidense que representa a Oro Negro.

La solicitud de frenar los casos penales fue presentada en julio de 2019, pero el tribunal arbitral la resolvió hasta el 19 de diciembre y publicó su resolución la semana pasada.

Los perseguidos son el ex director de Oro Negro, Gonzalo Gil White, y otros cuatro ex ejecutivos de la empresa de servicios petroleros en quiebra, quienes enfrentan órdenes de aprehensión por delitos de administración fraudulenta que les imputan sus principales acreedores.

La demanda arbitral se desahoga bajo reglas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y fue presentada por 28 inversionistas de Oro Negro que alegan trato discriminatorio del Estado Mexicano, entre ellos José Antonio Cañedo White y Carlos Williamson-Nasi, quienes también enfrentan órdenes de aprehensión, así como varios fondos de inversión estadounidenses.

“Aun cuando se aceptase que la emisión de las órdenes de aprehensión constituye en sí misma una situación de urgencia -lo que los demandantes plantean más que demuestran-, no puede considerarse probado, al menos hasta ahora, que las acciones de las autoridades mexicanas no se basan en los procedimientos regulares establecidos en su legislación penal”, afirmaron los árbitros.

“A falta de pruebas que demuestren que las autoridades judiciales mexicanas han actuado de forma indebida, la concesión de la medida solicitada sería inapropiada, parecería desproporcionada y su eficacia también podría ser puesta en duda”.

El tribunal arbitral, que no es una autoridad de gobierno, está integrado por los argentinos Diego Fernández Arroyo y Gabriel Bottini, así como por el chileno Andrés Jana Linetzky, y todavía faltan varios meses para que dicte su laudo y resuelva si México debe indemnizar a los inversionistas.

Quinn Emanuel también patrocina una demanda judicial en la que Gil White reclama mil millones de dólares a los acreedores de Oro Negro, misma que se tramita ante una Corte de Bancarrotas en Nueva York.

 

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