Controlan la corrupción redes similares a las del crimen organizado  

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  • Rafael Antonio del Pozo Dergal, contralor de Quintana Roo, detalló que la administración pasada repartió y remató bienes del Estado operando de forma similar al crimen organizado.

 

RUBÉN TORRES

CHETUMAL, Q. ROO.- El escándalo de la “Casa Blanca’’, que involucró al ex presidente Enrique Peña Nieto, su esposa, Angélica Rivera y al ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray “cimbró la escasa transparencia gubernamental, reveló inoperancia de Contralorías estatales y federal, pero además, descubrió una RED de complicidades similares al crimen organizado’’, sostuvo Rafael Antonio del Pozo Dergal.

El contralor de Quintana Roo detalló cómo se fueron creando esas redes, fomentadas como un pulpo desde la Federación y algunas entidades, para beneficiar a funcionarios, familiares de ellos, empresarios e integrantes de organizaciones sociales y civiles, que ahora están brotando a la luz pública como pus a causa de una estructura anticorrupción endeble en el pasado.

Después de la “Casa Blanca’’, recordó, fue que la Secretaría de la Función Pública (SFP) tuvo titular, labor que recayó en Virgilio Andrade Martínez el 3 de febrero de 2015, un personaje incondicional concluyó la investigación exonerando (el 21 de agosto de 2015) al entonces presidente, su mujer y Luis Videgaray.

“Creo que apenas se está entendido el fenómeno de corrupción de redes, ya no es de personas corruptas, ahora son grupos quienes por mucho tiempo se han beneficiado de espacios, desde crear la norma, incumplimiento de requisitos, posibilidad de disimular o ayudar a solventar algún requisito y muchas otras situaciones que pasaban’’, consideró.

Del Pozo citó como ejemplo el caso del policía que pedía al automovilista una mordida o compensación, ahora es de grupos que “ha empobrecido a este país con la complicidad de servidores públicos y en algunos casos, la participación de empresarios, servidores públicos convertidos en grupos económicos de interés a nivel nacional, que operaron como criminales organizados’’.

Es a partir de estas circunstancias, enfatizó, de donde comienzan a brotar “operaciones con recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero y grandes cantidades de recursos trasladados desde arcas públicas del Estado a bolsillos de particulares, vía simulación de contratos y entrega de bienes, licitación de obra pública, subvaluación de inmuebles”.

Tal como ocurrió en Quintana Roo, donde la pasada administración repartió y remató terrenos, fincas e inmuebles a personas relacionadas con servidores públicos o a los mismos servidores públicos a precios irrisorios, para beneficiarse económicamente ante la imposibilidad de entregar el dinero de manera directa, como parte de una compensación “injustificada, desmedida, ilegal y al margen del derecho’’.

Todo este tipo de irregularidades, señaló, surgieron por el abandono de la Secretaría de la Función Pública (SFP), que generó prácticamente la desaparición de todas las Contralorías del país.

“Hay que recordar que no había titular en esta dependencia hasta el escándalo de La Casa Blanca que entró al quite Virgilio Andrade Martínez y posteriormente nace el Sistema Nacional Anticorrupción’’.

Esto permitió volver a refundar las “Contralorías con nuevo aire, nuevo impulso y les impone la carga de volver a recuperar la confianza de los ciudadanos y de alguna manera, trasladar la responsabilidad de volver a ser confiable la administración pública, que estaba en condiciones desfavorables, al no tener recursos, equipo o personal capacitado, porque no se invirtió’’, puntualizó.

 

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