Coloca CNDH bajo la lupa a escuelas de los Legionarios de Cristo en Quintana Roo

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  • La Comisión Nacional de los Derechos Humanos hizo un exhorto para implementar medidas de prevención casos de abuso sexual como los denunciados por ex alumnos de los Legionarios de Cristo.

 

ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- A raíz de las denuncias por abuso sexual de las ex alumnas Ana Lucía Salazar y Belén Márquez del colegio Cumbres de Cancún, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) urgió al gobierno de Quintana Roo a “implementar medidas para la no repetición de casos” de abusos sexuales en las escuelas (Universidad Anáhuac, Colegio Cumbres y otras que van desde preescolar hasta universidades) pertenecientes a la Red de Colegios Semper Altius o de los Legionarios de Cristo.

Externó la CNDH su profunda preocupación por las niñas y niños que fueron abusados sexualmente durante varios años, y recomendó, entre otras cosas, medidas para investigar y llevar a juicio a todos los miembros que hayan estado involucrados o hayan sido cómplices de abuso o explotación sexual.

Recientemente los Legionarios de Cristo presentaron un informe en el que señalan a 33 sacerdotes como responsables de casos de abuso sexual contra 173 niños, entre 1941 y 2019, en su mayoría de entre 11 y 16 años de edad. Cabe mencionar que esta prelatura de la Iglesia católica se ha expandido exitosamente en la región de Cancún y Chetumal.

Tanto las denuncias de las dos afectadas por violaciones en el Colegio Cumbres de Cancún y el informe de los Legionarios de Cristo, motivaron que el pasado lunes la CNDH se pronunciara al respecto mediante un comunicado.

De esta manera, la CNDH condena la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, llama a la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación (Segob) a implementar medidas para prevenir, erradicar y sancionar todo acto que atente contra su integridad y vulnere sus derechos, derivado del citado informe dado a conocer por Los Legionarios de Cristo.

Asegura la CNDH que las agresiones de carácter sexual que se cometen en perjuicio de niñas, niños y adolescentes, vulneran su integridad física, psicológica y emocional, y transgreden sus derechos a una vida libre de violencia y a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral.

El exhorto presentado por la CNDH a la Segob, señala que de forma coordinada con las instancias competentes se implementen las siguientes acciones para prevenir y atender ese fenómeno:

  1. Se garantice que las actividades de las agrupaciones religiosas se apeguen a los estándares constitucionales, convencionales y legales en materia de respecto, promoción y protección de los derechos de la población menor de edad, sensibilizándoles sobre la importancia de reconocer a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos.
  2. Promover con líderes y organizaciones religiosas la adopción de medidas para prevenir la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes y se establezcan mecanismos de denuncias antes las autoridades competentes, evitando procedimientos de carácter conciliatorio.
  3. Implementar protocolos de prevención y atención a la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, señalando obligaciones a sus líderes y adeptos, y las consecuencias de omitir brindar atención a víctimas de cualquier tipo violencia.
  4. Implementar dichas actividades de prevención y protección en escuelas, albergues, estancias infantiles, centros de asistencia social comedores, casas de retiro, o cualquier otro lugar relacionado con su objeto social.
  5. Implementar registros donde se compilen datos desagregados sobre la incidencia de delitos sexuales por ministros o integrantes de cultos religiosos.
  6. Asegurar prácticas que eviten la victimización secundaria y la difusión de datos personales de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual.
  7. Coordinarse con la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes para implementar acciones de capacitación para la población menor de 18 años y a las organizaciones religiosas.

Debe asegurarse que cualquier espacio en que se desenvuelva una persona menor de edad, sea seguro, para que no se ponga en riesgo su salud, su estabilidad emocional, ni su vida, y que cuente siempre con el auxilio de personas adultas que puedan intervenir para su protección en caso de ser necesario.

 

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