Viola municipio garantías constitucionales de arrendador

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  • Dejan sin efecto orden de clausura y conceden suspensión de multa económica para arrendadora de vehículos.

 

MARCO ANTONIO BARRERA

TULUM, Q. ROO.- El Ayuntamiento de Tulum violó las garantías constitucionales de una arrendadora de vehículos al desmantelar y confiscar un kiosco de servicios en la zona “amurallada” del Parque Nacional.

El acto fue cometido por notificadores de la Tesorería Municipal que al ejecutar una orden de inspección constataron que la empresa Comercial Ariete S.A. de C.V. carecía de las licencias de funcionamiento comercial y de anuncio publicitario, así como anuencia de Protección Civil, constancia de uso de suelo y del pago por recolección de basura.

La diligencia que comenzó como una visita de inspección culminó con la confiscación de una caseta tipo kiosco de 2.8 metros de alto por 1.6 metros cuadrados forrada con perfiles laminados y recubierta de paneles y madera, ubicada en la calle Yulku, Manzana 1, Lote 1, en la colonia Zona Arqueológica, cuyo precio de construcción se reportó en más de 50 mil pesos.

El ejecutor municipal Francisco Javier Sánchez procedió administrativamente cuando la dependiente le informó que la falta de documentación de la empresa Avis estaba justificada “por estar ubicados en Parque Nacional”.

La orden de ejecución número DFC/00517/2018 fue decretada por el director de Ingresos, Rafael Aznar Martínez, y un mes después, se aplicó también la orden de clausura, y posteriormente, se impuso una multa económica por 116 mil 427.22 pesos.

El afectado tramitó el amparo 226/2019-V en el que el Juez Séptimo de Distrito, Darío Alejandro Villa constató que tras la remoción del kiosco este fue resguardado en un predio del municipio, pero desapareció cuando se lo llevaron en una camioneta Chevrolet pick up azul, matrícula TA-1959-G, registrada a nombre de la empresa Imágenes de Grupos S.C., con domicilio comercial en Cancún.

El presunto propietario actual del vehículo, el técnico operativo municipal Efrén Lineker Perea se deslindó de los hechos, pero cuando se le preguntó de quién recibió la orden para desaparecer la caseta y a qué sitio la llevó, únicamente respondió: “No recuerdo nada”. Lo único que informó fue el nombre de su superior jerárquico Daniel Valezzi, jefe del Departamento de Fiscalización en Tulum.

En el estudio de fondo, el impartidor de justicia expuso que el juicio de amparo es improcedente “contra actos consumados de modo irreparable”; es decir, al haberse realizado todas las consecuencias jurídicas para los que fueron emitidos, tal como ocurrió con el decomiso del kiosco de la arrendadora Avis.

“Para efectos de la improcedencia del juicio de amparo, un acto consumado tendrá el carácter de irreparable en aquellos casos en los que, de otorgarse la protección constitucional, sea materialmente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada, por estar fuera del alcance de los instrumentos jurídicos volver las cosas al estado que guardaban antes de la violación cometida”.

Indicó que con la visita de inspección y el acta correspondiente concluyeron las violaciones al derecho fundamental de inviolabilidad del domicilio, por lo que “cualquier violación quedó irreparablemente consumada”, sin que puedan restituirse los derechos transgredidos.

El juez Villa Arnaiz dijo que la orden de inspección municipal fue inconstitucional pues las visitas domiciliarias únicamente sirven para cerciorarse del cumplimiento de los reglamentos sanitarios y de policía, según las formalidades que establece el artículo 44 del código Fiscal Municipal del Estado de Quintana Roo, las cuales incumplieron las autoridades de Tulum.

Así, ordenó dejar sin efecto jurídico la orden y el acta de clausura y la multa económica que impuso el ayuntamiento contra el afectado.

 

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