Dan revés a tesorero municipal por impuesto adicional

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  • Un juez federal resolvió que es inconstitucional el impuesto adicional que grava con 10 por ciento los pagos de todos derechos municipales.

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Va para atrás. Un duro revés recibió el tesorero Marcelo José Guzmán luego de que un juez federal resolvió en cascada que es inconstitucional el llamado impuesto adicional que grava con 10 por ciento, a cargo del contribuyente, los pagos de todos derechos municipales.

En la condena de Ana María Nava Ortega, juez Tercero de Distrito, el responsable de las finanzas benitojuarenses tendrá que devolver los cobros que se recibieron indebidamente al amparo del artículo 58 del Capítulo Séptimo de la Ley de Hacienda municipal, y que en conjunto representan 116 recibos de pagos realizados a la Dirección de Ingresos entre el 6 y el 13 de diciembre de 2019.

Fueron siete empresas y un particular las que solicitaron por separado al Poder Judicial Federal la Protección de la Unión ante el cobro del impuesto adicional para el fomento turístico, desarrollo integral de la familia, desarrollo social y promoción de la cultura, hecho los primeros días de enero.

Los juicios fueron interpuestos por Abelardo Vara Rivera (32/2020), Bodegas y Talleres Industriales de Cancún, S.A. de C.V. (33/2020-I), Lavandería y Tintorería Americana de Cancún, S.A. de C.V. (34/2020), Promotores Santa Fe, S.A. de C.V. (35/2020-I), Holderson, S.A. de C.V. (36/2020-I), Hoteles Playa Blanca, S.A. de C.V. (37/2020-I), Diamante del Caribe, S.A. de C.V. (38/2020-I) y Maioris Los Lagos S. de R.L. de C.V. (39/2020-1).

En el estudio de fondo la impartidora de justicia determinó la ilegalidad del cobro al violar el principio de proporcionalidad tributaria en función de la respectiva capacidad económica del contribuyente, lo que contraviene el artículo 31, fracción IV, de la Constitución.

“Resulta totalmente fundado el concepto de violación precisado, pues en la especie el acto reclamado se trata del cobro de un impuesto que ya fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante una jurisprudencia temática”, la cual sostuvo la Segunda Sala, con el número 2ª./J. 126/2013 (10a.).

Nava Ortega recordó que las contribuciones deben fijarse de acuerdo con la capacidad de cada sujeto pasivo, en función de su potencialidad real para contribuir a los gastos públicos, pues para que un gravamen sea proporcional debe existir congruencia entre el impuesto y la capacidad contributiva de los causantes.

El gravamen, explicó, no fue diseñado para gravar en un segundo nivel determinada manifestación de la riqueza, sino que fue estructurado para gravar de manera global todos los pagos de contribuciones municipales que efectúen los causantes.

El cobro del impuesto adicional aplica en el momento en que el contribuyente realiza los pagos de impuestos y derechos, aunque exceptúa el predial, el derecho de alumbrado público (declarado también como inconstitucional) y la presentación de músicos y cancioneros profesionales. El impuesto genera cinco por ciento del monto cuando se trata de trámites ante el Registro Civil.

La resolución judicial es la punta de lanza del camino que podría seguir la inconformidad de los contribuyentes en Benito Juárez y que podría afectar la recaudación del impuesto adicional para el fomento turístico, desarrollo integral de la familia, desarrollo social y promoción de la cultura, del cual se espera captar recursos por 173 millones 672 mil 114 pesos en 2020, cuya cifra representa siete millones 13 mil 442 pesos menos que el año pasado.

Todas las sentencias fueron notificadas para el cumplimiento del tesorero municipal, el 30 de enero pasado.

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