Ordena amparo revisar sentencia de Succar Kuri

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  • El Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito ordenó revisar la causa penal contra Jean Succar Kuri, lo que podría dejar en libertad al empresario.

MARCO ANTONIO BARRERA
CANCÚN, Q. ROO.- El Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito ordenó revisar y reponer la causa penal contra Jean Succar Kuri, la cual deberá emitir una nueva sentencia que justifique la forma en que se le condenó a 112 años y seis meses de prisión.

El empresario libanés acusado de pornografía infantil calificado y corrupción de menores obtuvo un amparo directo que podría dejarlo en libertad al recibir únicamente sentencia por el segundo delito, cuya pena estaría por cumplir.

La resolución aclaró que la determinación “no implica la libertad del ahora quejoso” y que en tanto se fundamenta la forma en que se le estableció la pena deberá permanecer en una prisión de Cancún.

Por unanimidad de votos, los magistrados Laura Granados Guerrero, Gerardo Dávila Gaona y Sandra Alicia Castelán González resolvieron otorgar la protección de la Justicia de la Unión para que se deje insubsistente la sentencia que pesaba sobre Succar Kuri.

Se instruyó al juez de la causa a demostrar la comisión del delito de pornografía infantil calificado y la plena responsabilidad penal del acusado, bajo la advertencia de que no se podrá incrementar el grado de culpabilidad ni tampoco habrá de imponerse una pena que supere a la actual, es decir, de 112 años y seis meses de cárcel.

En la resolución del amparo directo 329/2017 en materia penal se ordenó también que las imágenes de pornografía infantil no se mantengan en el expediente del caso sino resguardarse en una caja de valores.

La nueva sentencia, se estableció, deberá precisar de acuerdo con la mecánica de los hechos, los elementos esenciales de los ilícitos y ceñirse a los agravios ministeriales, precisar las circunstancias de tiempo, lugar y ejecución de la agresión cometida contra las siete agraviadas entre el cinco de enero de 2000 y noviembre de 2003.

Del delito de corrupción de menores que enfrenta el empresario se instruyó a que con base en las pruebas se resuelva lo que a derecho corresponda, y de demostrarse la conducta ilícita ésta deberá ser analizada mediante el Código Penal de Quintana Roo.

Para asegurar el estricto cumplimiento de la resolución, los magistrados impusieron un plazo de 30 días hábiles y advirtieron que en caso de incumplimiento se impondrá una multa de 100 Unidades de Medida y Actualización.

Con esta resolución, la protección de la Justicia Federal deja sin efecto la sentencia de segunda instancia que se decretó el 21 de julio de 2016 por el Tribunal Unitario del Vigésimo Séptimo Circuito, ahora Primer Tribunal Unitario.

La concesión legal a Jean Succar lo protege también contra vicios formales y los actos de ejecución del Juez Segundo de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, el titular del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y readaptación Social y como autoridad sustituta al director del Centro de Reinserción Social de Cancún.

El empresario reclamó en amparo al considerar una “inconstitucional sentencia” dictada por el juez Segundo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, lo cual supuestamente violentó sus derechos consagrados en los artículos 1, 14, 16, 20, 21 y 23 de la Constitución General de la República.

En 2011 (30 de agosto), el Tribunal Unitario del Vigésimo Séptimo Circuito modificó el fallo condenatorio de las penas impuestas en primera instancia y ordenó emitir una nueva resolución, misma que modificó la primera el 21 de julio de 2016.

Jean Succar enfrenta acusaciones de ocho víctimas, que al momento de los hechos tenían edades de 16 años, seis meses y 28 días de edad; ocho años, cuatro meses y nueve días; nueve años, cinco meses y 20 días; ocho años, seis meses y 23 días; 10 años y siete días, y 10 años, un mes y 21 días, las cuales fueron supuestamente inducidas a realizar actos de exhibicionismo corporal, lascivos o sexuales, y de las cuales cinco lo señalaron de ser videograbadas o fotografiadas.

La resolución que interpuso Jean Succar Kuri responsabilizó a la magistrada del Tribunal Unitario del Vigésimo Séptimo Circuito, al juez Segundo de Distrito en el estado de Quintana Roo con residencia en Cancún, al titular del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y readaptación Social, al director del Centro Federal de Readaptación Social Número 1 del “Altiplano” y al juez Segundo de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México.

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