Frena FGE libertad de secuestradores  

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  • El magistrado borgista Carlos Alejandro Lima Carvajal revocó vinculación a proceso de tres presuntos secuestradores, a pesar de evidencias, pero fiscal frenó liberación.

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.-  Julio César Duarte Herrera, fiscal antisecuestros de la zona norte del estado, logró que un juez federal frenara la liberación de tres presuntos secuestradores que ordenó el magistrado borgista Carlos Alejandro Lima Carvajal.

El ex titular del Registro Público de la Propiedad y actual magistrado numerario de la Novena Sala Especializada en Materia Penal Oral en Quintana Roo revocó la vinculación a proceso de los acusados que presuntamente integraban una banda bien organizada que mantenían retenidos a dos ciudadanos cubanos.

El Juez Segundo de Distrito Gerardo Vázquez Morales analizó el amparo solicitado por el fiscal antisecuestros y ordenó emitir una nueva sentencia en la que se abstenga al magistrado numerario de emitir “consideraciones alejadas de prueba”.

Al otorgar un amparo contra el auto de libertad, el juez federal estableció que se violaron los derechos de los afectados al aplicar consideraciones subjetivas y que no atendieron a los hechos para determinar la comisión del delito de secuestro agravado, en la sentencia del 10 de diciembre de 2018.

Lo que faltó al magistrado Lima, razonó  el juez federal, fue “razonabilidad de los argumentos planteados y de una valoración de los datos aportados en relación a los agravios cometidos contra las víctimas”.

Los agentes adscritos a la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestros del Estado de Quintana Roo acusaron también la “omisión” del actuario en funciones de notificador, de convocar y notificar al asesor jurídico en la audiencia de alegatos aclaratorios el cinco de diciembre de 2018.

Tampoco se notificó a las víctimas de la no vinculación a proceso, como parte de la sentencia decretada el día 10 de diciembre de 2018, lo cual fue desestimado.

En la queja que favoreció a los fiscales se cuestionó la falta de fundamentación y valoración de los datos y las pruebas aportadas “enunciando algunos datos y menoscabando diversas pruebas que no fueron valoradas y mucho menos fundamentadas en su exclusión”.

Entre los argumentos determinantes para detener el auto de libertad fue la falta de cualquier lógica de una decena de situaciones en que el magistrado Lima Carvajal su sentencia, especialmente en las condiciones que rodearon el presunto ilícito, basado en la falta de sometimiento con violencia de las víctimas, la inexistencia de dictámenes sicológicos y la carencia de fotografías.

Otras pruebas que sirvieron como sospecha al juez federal para conceder el amparo al fiscal anticorrupción fueron: la omisión de los acusados de entregar los mensajes de la negociación entre víctimas y victimarios, la disminución de 10 mil a ocho mil dólares de exigencia de pago del secuestro bajo amenazas de perder la vida o ser prostituidas y la existencia de otros 14 cubanos que evitaron denunciar el supuesto delito.

El magistrado numerario consideró que las declaraciones de las víctimas, los datos conservados de los números de teléfono e informes policiales “no son idóneos y pertinentes para establecer que se materializó la privación de la libertad con el propósito de obtener el pago de un rescate o de cualquier beneficio”.

El juez federal Gerardo Vázquez resaltó en su determinación que “no pasa desapercibido” que la demanda de amparo se promovió en conjunto por la asesoría jurídica, el titular y fiscales adscritos a la Fiscalía Especializada en la Investigación de Secuestros del Estado, a cuyo caso se le otorgó el expediente número 2/2019.

El asunto se resolvió mediante el otorgamiento de amparo el cuatro de junio de 2019 y el sentido de la resolución fue que el auto de vinculación de proceso debió darse en apego a lo establecido en la legislación, como el hecho de que se formule la acusación, se haya dado al imputado la oportunidad de declarar y se desprendan datos de prueba para comprobar la existencia de un delito, cuyos elementos son suficientes para dictarlo, pronunció el juez federal.

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