Condicionan suspender clausura a Grand Island

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  • Un juez federal otorgó a BVG Word condicionó la suspensión provisional de la clausura del hotel Grand Island Cancún a que no se haya cometido alguna violación a la ley.

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- En su pretensión de revertir en tribunales la clausura contra la construcción del proyecto hotelero Grand Island Cancún, la empresa BVG Word, S.A. de C.V. ganó una suspensión provisional que nació nula porque condicionó sus efectos protectores a que no se haya cometido alguna violación a la ley como sí ocurrió en el caso específico, además de que tampoco tiene alcance para contener futuras clausuras.

Con este argumento, la empresa impugnó la sentencia del Juez Séptimo de Distrito que le concedió la suspensión provisional “nula” ante el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, que ayer declaró infundada la pretensión de BVG Word de que el recurso legal conquistado extendiera sus efectos a futuras clausuras.

A través de un recurso de incidente de suspensión, la empresa solicitó dar marcha atrás a la orden de clausura, la ejecución de la misma y sus consecuencias jurídicas, pero al mismo tiempo demandó que el fallo la proteja contra cualquier otro acto de molestia que perturbe la legalidad de las autorizaciones del ámbito federal y municipal.

No obstante, en su resolución los magistrados del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito resolvieron por unanimidad que el incidente de suspensión contra la resolución del juez de primera instancia, resultó sin materia y por lo tanto infundado.

Según los magistrados, aunque se obtuviera la protección federal el proyecto hotelero podrá ser objeto de inspecciones, sanciones y nuevas clausuras ante el eventual incumplimiento de permisos federales y municipales para el desarrollo del proyecto.

La construcción del complejo vacacional proyecta alzar tres mil habitaciones y un centro de convenciones sobre un espejo lagunar y un terreno ganado al mar de 212 mil metros cuadrados de superficie, ubicado en los lotes 56_a_1 y 56-A- 2 del kilómetro 16.5 del Boulevard Kukulcán, con una inversión de un billón de dólares.

En la audiencia (del 31 de enero pasado) se puntualizó que el juicio de amparo de Grand Island no se resolverá para que la actual clausura no surta efectos sino para que los deje de surtir, ni tampoco evitará maximizar los alcances de la protección de la Justicia de la Unión o ajustarse a necesidades concretas “para limitar en forma injustificada, exorbitante e incongruente”.

En la audiencia incidental se reveló que el juez de la causa declaró también inexistentes a 72 autoridades de las 222 que la empresa quejosa señaló dentro del juicio de amparo como responsables de la clausura, seguirá enfrentando a 150.

La demanda de amparo principal en este asunto sigue vivo y en estudio del Juez Séptimo de Distrito que deberá resolver si le da la razón a la empresa BVG Word en su alegato de que la clausura permanente le provocará daños y perjuicios de difícil reparación al agraviado.

De concederse, el amparo a la empresa las cosas se deberán restituir al estado en que guardaban antes de la clausura ilegal y se continuaría con las obras.

Por lo pronto la empresa ya ganó una suspensión provisional que resultó nula porque no le serviría para hechos posteriores a la interposición del amparo ni ante la revocación o nulidad de licencias o permisos; tampoco ante órdenes de suspensión o clausura por violar disposiciones en materia de salubridad, protección civil, materia ambiental o que implique riesgo a la vida o integridad física de alguna persona o propiedad aledaña.

Incluso, la medida cautelar otorgada a la empresa no serviría ante el resultado de una inspección o medida para verificar que la obra cumpla las normas de observancia general de la materia y los términos y condiciones establecidos en la licencia de construcción y la manifestación de impacto ambiental.

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