Confirma Tribunal ilegalidad de SEIDO en cateo de cajas de valores en Cancún 

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  • Un tribunal federal consideró ilegal la retención de cajas de seguridad a personas ajenas a la investigación y cateo de la empresa First National Security en 2017.

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Un tribunal federal ordenó la entrega de valores, documentos y bienes confiscados producto de la “ilegal” retención de cajas de seguridad a personas ajenas a la investigación y cateo de la empresa First National Security en 2017.

El procedimiento que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) instruyó para confiscar supuestos bienes del crimen organizado careció de autorización de un juez y no se puso bajo resguardo las pertenencias de quienes no estaban relacionados con la indagatoria FED/SEIDO/UEIDCS-PUE000740/2017.

Magistrados del Tercer tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito con sede en Cancún coincidieron por unanimidad que el fiscal adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud (UEIDCS), carecía de autorización legal para realizar el cateo.

Al resolver un recurso de revisión que interpuso la autoridad contra la orden de cateo, traslado, sustracción, apertura y privación de los bienes de cajas de seguridad de una de las víctimas, se ratificó la sentencia 1661/2017 del Juez Séptimo de Distrito emitida en abril de 2019.

Se confirmó que la autoridad responsable no estaba autorizada para asegurar cajas de seguridad de personas que no formaran parte de la indagatoria, ni mucho menos a registrar su contenido.

La sentencia de amparo número 358/2019 confirmó el procedimiento ilegal que denunciaron los afectados por parte de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud (UEIDCS).

Según el documento, el Ministerio Público de la Federación titular de la Agencia Vigésimo Tercera careció de una orden expresa de un juez e incurrió en un aseguramiento material o de “facto”, violentando el principio de legalidad previsto en el artículo 16 de la Constitución General de la República.

Los magistrados recordaron que en la autorización para el registro de la empresa señalada (6 de octubre de 2017), se acotó la autorización “en la inteligencia de que los bienes de propiedad privada no relacionados con dicha indagatoria, deben permanecer intactos (…)”.

Uno de los afectados al que se le retuvieron dos cajas de seguridad donde resguardaba dinero en efectivo (moneda nacional y extranjera), documentos y otros bienes, reclamó a la Justicia Federal la “sustracción, apertura o privación del uso y/o goce y/o posesión, así como la inminente disposición y/o revisión y/o sustracción de las pertenencias”.

Denunció a las autoridades “en el caso de que mis pertenencias ya hayan sido sustraídas de mi caja de seguridad, reclamo la ilegal apertura del embalaje (desembalaje) para la revisión de mis pertenencias en cualquier lugar que esto se haga, incluida la Ciudad de México”. Además, cualquier acto que atente contra su derecho a la privacidad, secrecía e intimidad.

La sentencia del recurso de revisión se dio el 28 de enero pasado y, con ella, se validó la protección contra la persona afectada y dejó insubsistente la orden de aseguramiento de las cajas de seguridad.

La sentencia ordenó a la autoridad responsable a que previo inventario, proceda a la devolución de las pertenencias que se reclaman.

En el estudio de fondo se reconoció que no hay certeza de cuánto tiempo y bajo qué condiciones prevalecerá la retención de los bienes; de ahí que dicho acto, por su propia naturaleza, resulta violatorio.

La violación al derecho fundamental de audiencia y legalidad ocurrió cuando la autoridad ministerial omitió informar al juez de control que se trataba de un establecimiento abierto al público y de arrendamiento de cajas de seguridad. “”El juez no pudo autorizar el cateo de las cajas de seguridad cuya existencia ignoraba”.

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