Contraloría municipal de Cancún fabricó delito a trabajador

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  • Un cajero del Ayuntamiento de Benito Juárez, a quien se le acusó de daño al erario y se le impuso una multa de 4.1 mdp, ganó una batalla legal y debe ser restituido en su puesto.

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN Q. ROO.- Tras una batalla legal de más de tres años, un trabajador cajero de la dirección de ingresos del Ayuntamiento de Benito Juárez fue restituido por la justicia federal, después perdió su empleo, más tarde se le impuso una multa de 4.1 millones de pesos y se le acusó ilegalmente de causar un supuesto daño al erario municipal.

Sin embargo, un amparo federal juzgó que las acusaciones hechas por la Contraloría municipal no acreditaron con pruebas los delitos que se le imputaron al afectado, por lo que deberá dar reversa al proceso de investigación y empezar de nuevo con el trabajador en su puesto.

Las acusaciones presentadas originalmente por la Contraloría fueron valoradas por la Tercera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, cuyos magistrados integrantes aplicaron la pena máxima al acusado al amparo del artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Quintana Roo.

Según la justicia federal, la resolución del tribunal estatal se hizo de manera infundada y sin infracciones ni elementos sustentados, sólo con argumentos que entregó la Contraloría Municipal.

A esa conclusión llegaron los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito de la Justicia Federal al resolver un amparo solicitado por el afectado, a quien nunca se le aplicó el principio de presunción de inocencia ni fue objeto de una investigación exhaustiva para llegar a la verdad histórica de los hechos.

La ponente Patricia Elia Cerros Domínguez determinó que el procedimiento administrativo incurrió en vicios de procedimiento, al omitirse fundamentar y valorar pruebas y testimonios de terceros, que, de haberse tomado en cuenta, habrían creado una duda razonable.

Al cajero de la tesorería benitojuarense se le acusó de recibir el cheque de un contribuyente sin la entrega del recibo correspondiente y sin reportarlo en el corte de caja del 13 de diciembre de 2016. Dicha conducta habría vulnerado los numerales I, IV y XVII de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos del Estado de Quintana Roo, de ahí que la sanción que se le impuso fue la separación de su empleo y el pago de una multa económica equivalente a 51 mil 127 unidades de medida y actualización.

Juan Carlos Azueta Brito al promover la demanda de amparo directo afirmó que la autoridad responsable no valoró debidamente todas y cada una de las constancias y pruebas, y evitó analizar los testimonios que lo exculpan del registro del cheque, cuya atribución corresponde al departamento de glosa de la Dirección de Ingresos del Ayuntamiento de Benito Juárez.

Los testimonios que se omitieron en el análisis del caso refieren que un cajero extravió unos folios de recibos y que fueron esos los que se entregaron indebidamente al contribuyente, los cuales fueron reportados 20 días después.

La Contraloría Municipal, a cargo entonces de Guillermo Andrés Bhrams González, tampoco acreditó la fracción IV de la Ley, respecto a que el afectado ocasionó daños a la hacienda por un manejo irregular de fondos, pues no se pudo acreditar el supuesto desempeño irregular del servicio público, ya que el dinero del cheque sí ingresó a las arcas públicas.

Al otorgar un amparo indirecto en materia administrativa (el 16 de enero de 2020), la magistrada federal ordenó a la Tercera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa a dejar sin efecto la sentencia del 18 de junio de 2019, y explicar las razones por las que justificó su fallo.

Igualmente ordenó a la actual contralora Reyna Arceo redactar una nueva resolución que describa las infracciones para establecer si en el procedimiento hay elementos probatorios, los cuales debe explicar y justificar.

Instruyó a que analice los testimonios de los otros dos trabajadores cajeros para precisar si sus afirmaciones benefician o no al afectado.

Además, le solicitó valorar de forma fundada y motivada si la conducta señalada encuadra en las infracciones que se señalan y aclare las pruebas con las que se acredite, qué se obtiene de cada una y, de demostrarse, resuelva en consecuencia.

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