Desafía la mafia rumana a Capella

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  • Detrás de la campaña de desprestigio del secretario de Seguridad Pública, Alberto Capella Ibarra, está Florian Tudor, quien es buscado por el FBI.

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Detrás de la campaña de desprestigio del secretario de Seguridad Pública, Alberto Capella Ibarra, está un personaje rumano llamado Florian Tudor, buscado por el FBI por el delito de fraude a través de cajeros electrónicos con operaciones exclusiva en dólares, pero que en Cancún se hace pasar como un empresario próspero que ha acumulado una decena de inmuebles de alto valor adquisitivo.

Con sus socios Adrian Nicolae Cosmin y Chakib Naif I. Al Boustany, Florian Tudor firmó el desplegado publicado el 10 de febrero en un diario de circulación local donde señalaron directamente al jefe del Mando Único en Quintana Roo de emprender una estrategia de extorsión y persecución en contra “de empresarios y hombres de negocio del estado”.

A Tudor se le atribuye encabezar una red de clonadores de datos de tarjetas de crédito mediante una red de cajeros automáticos de su propiedad conocida como “Intercash”, cuya organización está integrada por rumanos en Europa, Asia y Norteamérica y con la cual despojan a turistas de las cuentas en dólares mediante el robo de información.

Los cajeros dispensadores de efectivo están también colocados en sitios turísticos de Europa, como ocurre en destinos de la entidad, como Cancún, Isla Mujeres, Playa del Carmen y Tulum.

En su afán de mantener su desahogado estilo de vida en Cancún y evitar comparecer ante la justicia que lo reclama, Florian Tudor interpuso dos juicios de amparo con los que pretende evitar su deportación y extradición de México.

En el primero, fue admitido por el juez segundo de distrito bajo el expediente 10/2020, el ocho de enero pasado, contra actos privativos de libertad que pudiera reclamar la Secretaría de Relaciones Exteriores, y de la que obtuvo la suspensión de plano durante una audiencia constitucional del pasado día siete.

En el caso 1624/2019 que se sigue en el juzgado Tercero de Distrito, el rumano solicitó (el siete de diciembre pasado) la protección de la Justicia de la Unión contra una deportación por la causa penal que enfrenta ante el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal acusatorio en su carácter de Juez de Control adscrito al Centro de Justicia penal Federal de esta ciudad.

El recurso le fue concedido previo pago de 35 mil pesos, cuya resolución fue ratificada para seguir surtiendo efectos con una nueva garantía de dos mil pesos, el 17 de enero pasado.

En el segundo amparo la audiencia definitiva se ha diferido en tres ocasiones, el 27 de diciembre, el 15 de enero y el 13 de febrero pasados, por lo que se tiene programada para el tres de marzo próximo, mientras que para definir la suspensión de la audiencia incidental la fecha se ha movido una decena de veces y se tiene prevista desahogar el cuatro de marzo.

En el amparo definitivo que intenta obtener para blindar su estancia en en suelo mexicano, Florian Tudor amplió su demanda contra actos que pudieran reclamar dos nuevas autoridades. Además, presentó alegatos y formuló objeciones de los informes previos que enviaron las autoridades que lo responsabilizan de cometer presuntos actos ilícitos.

En el desplegado, los rumanos responsabilizan a Capella de usar la corporación para elaborar listas de empresarios de Cancún (mexicanos y extranjeros), empresas, ubicaciones, giros comerciales, ingresos, domicilios particulares, vehículos que utilizan para transportarse y verificar si tenían o no escoltas.

Con esa información “privilegiada” supuestamente inició una presunta persecución especialmente contra empresarios de origen rumano, de quien pidió sacar fotografías y videos de ellos, ubicaciones y movimientos, especialmente contra su persona.

Tudor y socios tienen su centro de operaciones en la calle de Robalo en el centro de Cancún donde los vecinos recuerdan que hace apenas cinco años estos personajes adquirieron propiedades para operar su empresa, y construyeron un edificio al que se opusieron, sin éxito, porque rompía con el reglamento urbano de la zona clasificada como residencial.

Desde ahí no sólo despacha quien presuntamente está involucrado en diversos delitos en su país sino quien ha desafiado a las corporaciones de seguridad pública así como a las fiscalías del estado y la federación.

“NINGUNA amenaza, campaña perversa (como la de los pseudo empresarios de hoy), ataque político, campaña mediática orquestada y financiada por intereses oscuros, IMPEDIRÁ que cumplamos con nuestra responsabilidad institucional siempre apegados al marco jurídico vigente”.

Alberto Capella Ibarra, secretario de Seguridad Pública de QR

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