‘Derecho de Piso’… el miedo que infunde en la gente

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Elmer Ancona

Una pandemia que se extiende cada vez más rápido y daña el patrimonio no sólo de algunas personas en lo particular, sino de comunidades enteras, de ciudades, de estados, del país, es el llamado “cobro de piso” o “derecho de piso”.

Es algo que no quiere verse, que no quiere reconocerse; las autoridades se hacen de la vista gorda y terminan aconsejando a quienes van a denunciar este tipo de extorsión, que no lo hagan “por su propia seguridad”. Más vale no meterse en camisa de once varas.

¿Qué tanto saben las autoridades locales de lo inmerso, de lo profundo que se encuentra la delincuencia, como para recomendar a la gente que mejor no abra la boca para denunciar a los llamados “cobradores de piso”?

En las calles, en las casas, en los hogares, en todas partes, se habla del cierre de negocios por causas de “fuerza mayor”, porque ya no pueden mantener estable su economía, porque sus ganancias se convierten en pérdidas por el acoso y la extorsión que sufren.

Lo que todo parecía ser un negocio redondo termina acabando en la peor pesadilla de su vida; todo lo ahorrado durante años se va rápidamente al bote de la basura.

Mejor dicho, se va al bolsillo de los delincuentes, a quienes gusta estirar la mano de la manera más fácil y sencilla, para recibir ganancias no trabajadas.

Muchos de ellos, quizá, digan que en eso precisamente consiste su “trabajo”, en ir a cobrar lo que les corresponde porque, a fin de cuentas, lo que están vendiendo es “seguridad” y “protección” a los comerciantes. Un auxilio no pedido voluntariamente.

Lo peor de todo es que a los pequeños, medianos o grandes comerciantes van y los engañan no sólo los grandes criminales que se dedican a eso, sino una bola de aprovechados, malandros, vagos que no tienen nada qué hacer, pero que intentan venderse bien.

Restaurantes, farmacias, talleres mecánicos, pizzerías, vendedores de hot dog y hamburguesas, lavados de autos, misceláneas, entre muchos otros (hasta la pobre señora que vende quesadillas en la esquina), han tenido que decir ¡hasta aquí! al no soportar tanta presión.

Lo lamentable del caso es que la gente no se atreve a denunciar, no levanta la voz. Se acobardan. Los vecinos-comerciantes no se unen, no generan fuerza propia ni presionan pacíficamente -pero con entereza-, a las autoridades para ser escuchados. Prefieren cerrar.

Y las autoridades, específicamente las responsables de la Seguridad Pública, además de los Ministerios Públicos, callan, enmudecen, hacen como que no pasa nada, para no enfrentarse a algo que ni siquiera conocen.

No saben, a ciencia cierta, si son simples pandilleritos, vecinos fastidiosos que se hacen pasar por grandes delincuentes, chamaquillos traviesos e ignorantes que pierden el tiempo haciendo tonterías.

Tampoco saben si es la delincuencia “profesional” la que está generando todo este temor social, ganando plazas, sembrando terror en las colonias, en los barrios. No hay estudios de investigación serios que lo avalen.

En pocas palabras, las autoridades responsables no saben nada y no hacen nada para resolver el problema que está quebrando con la economía de los municipios, de las ciudades, tanto rurales como urbanas.

Mientras más “changarros” y comercios establecidos (chicos, medianos, grandes) cierren sus puertas, menos empleo se generará en las ciudades, habrá más deterioro económico y menos posibilidades de crecimiento para la gente.

Y por supuesto, los índices de criminalidad se dispararán porque si la gente, si los jóvenes no tienen trabajo ni estudio, a lo único a lo que podrán dedicarse es a delinquir, a robar, a matar, hacer cosas sucias.

Las familias son las que se verán más heridas, más vulneradas, porque si el padre o el hijo no cuentan con los recursos económicos suficientes para sostener el hogar, la ruptura será casi inminente.

El asunto del “cobro de piso” o “derecho de piso” no es un asunto menor, por el contrario, es un problema de gran envergadura que debe resolverse a la de ya. De inmediato.

Si tanto autoridades como ciudadanos (comerciantes, empresarios, hombres de negocios) no lo frenan, no lo paran de tajo, todos sufrirán las consecuencias; habrá bolsillos huecos y quizá hasta derramamiento de sangre.

Mito o Realidad

Para Marcy Bezaleel Pacheco, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Capítulo Cancún, Isla Mujeres y Puerto Morelos, este tema es más un asunto más de “mito” que de realidad.

Es respetable su postura. Tampoco niega que esto suceda, eso es lo que se le tiene qué reconocer como dirigente empresarial. Lo cierto es que da la impresión de que se mueve en el desconocimiento de lo que realmente acontece entre sus agremiados, al menos al hablar de los cobros corruptos.

El dirigente de la Canirac ha hecho un trabajo excepcional para levantar a la industria restaurantera a nivel regional, aparte de ser un chef profesional. No pierde oportunidad para estar al tanto de lo que sucede a sus afiliados.

Les da asesoría, los impulsa y capacita como representante de una importante Cámara; va dando pasos acertados en esta noble función de impulsar lo que se conoce como la gastro-economía y la gastro-turismo.

Asegura que analiza permanentemente con las autoridades de Seguridad Pública (C-4, pronto C-5) para determinar la cantidad de cámaras de vigilancia que se deben instalar en la proximidad de los restaurantes.

Ojalá que, como cámara empresarial, levanten estadísticas más precisas, con metodologías serias que permitan tomar decisiones acertadas y frenar este flagelo que está deteriorando la economía de los cancunenses, de los isleños, de los puertomorelenses.

Y más vale que sea pronto, porque la situación, créanme, ya no da para más.

@elmerando

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