Municipio no ve, no oye ni contesta a cancunenses

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  • El Ayuntamiento de Benito Juárez omite demandas de ciudadanos; juez le ordena atender petición de Avanzando con justicia y Dignidad, A.C.

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Al más viejo estilo de aplicar la “política del avestruz” para ignorar los problemas, el gobierno del municipio de Benito Juárez no ve ni oye y mucho menos atiende demandas sensibles de los cancunenses.

Los oídos sordos del gobierno morenista fueron calificados por un juez federal como una “conducta omisiva y dilatoria”, contra quienes pidieron solución de problemas sensibles para la población, como reparar calles y banquetas, habilitar rampas para personas con capacidades diferentes o retirar vehículos abandonados.

Un caso que refleja la indiferencia municipal lo constató la organización Avanzando con Justicia y Dignidad Asociación Civil que envió misivas a la alcaldesa de Cancún, Mara Lezama, el seis de septiembre y el 28 de octubre de 2019, pero la contestación nunca llegó.

El artículo 8 de la Constitución General obliga a los funcionarios y empleados públicos a respetar el derecho de petición de las personas, “siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa…”. A toda comunicación, señala, deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, y le impone la obligación de hacerlo conocer en breve término al solicitante.

La Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Quintana Roo, en los artículos 30 y 31, establece también que no se podrá exceder un plazo de tres meses para que la autoridad conteste, pero para el gobierno benitojuarense y su alcaldesa el respeto a las garantías individuales y estatales son letra muerta.

El caso llegó al Juzgado Octavo de Distrito con sede en Cancún, cuyo secretario encargado del despacho, Adrián Armando Pacheco Salazar, aceptó demanda de amparo de la organización afectada resolvió que la presidenta municipal del Ayuntamiento de Benito Juárez, incurrió en la violación del derecho constitucional de petición.

Los hechos fueron reconocidos y aceptados por la directora general de Asuntos Jurídicos, que al rendir su informe al juez “aceptó los actos reclamados”, como también lo hizo la oficina de la alcaldesa: “Es cierto en lo que concierne a la omisión de dar respuesta a su escrito de fecha de seis de septiembre de 2019, debidamente presentado en las oficinas que ocupan la Presidencia Municipal”.

El amparo 1510/2019-VII que se otorgó a la organización afectada (27 de enero de 2020) llegó antes de que se diera alguna contestación de la autoridad; es decir, transcurrieron cuatro meses sin respuesta.

El impartidor de justicia reiteró que “la autoridad o servidor público a quien se elevó la petición correspondiente tiene la obligación jurídica ineludible de acordar lo relativo a la solicitud de que se trate, lo cual deberá llevar a cabo en un breve término”, como lo dicta también la tesis jurisprudencial 129 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, tomo III, página 88.

El ordenamiento insta a que la respuesta se dé en un breve tiempo, “con independencia de que sea favorable o no”; de no hacerlo, se incurre en una infracción a los derechos fundamentales de los gobernados.

La justicia federal ordenó a la presidenta municipal a que responda ambos escritos y notifique al juez con documentos certificados que acrediten el cumplimiento del fallo protector.

La organización Avanzando con justicia y Dignidad, A.C. tiene por objeto la defensa de los derechos humanos mediante su difusión entre niños, estudiantes y adultos mayores y la realización de actividades lúdicas, conferencias, cursos, seminarios y talleres desde su creación el 21 de marzo de 2018.

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