Preparan severidad contra funcionarios

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  • Diputados de Quintana Roo consideran penas de hasta 50 años de cárcel a funcionarios públicos que abusen sexualmente de población vulnerable.

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q.ROO.- Impulsar de manera preferente la iniciativa de castigar hasta con 50 años de prisión e inhabilitación de manera definitiva a todo funcionario público que abuse sexualmente de un niño, niña, adolescente o discapacitada, plantearon legisladores locales.

El anuncio de “El 9 Ninguna se Mueve’’ provocó en la XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo, que en la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) se tomara esta decisión.

La propuesta de reformar los artículos 128 y 129 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, fue presentada por el diputado Edgar Humberto Gasca Arceo, integrante del grupo legislativo de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y también presidente de la Comisión de Salud y Asistencia Social.

Previo a la serie de movilizaciones realizadas el pasado 8 de marzo en todo el país, y concretamente en Cancún por el “Día Internacional de la Mujeres”, la Jugocopo aprobó desde el pasado cuatro de marzo que las mujeres del Congreso no trabajaran.

De acuerdo con cifras oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y de Protección Civil, entre 8 a 9 mil mujeres de todas las edades participaron en esta marcha-protesta.

La decisión de la Junta de Gobierno, que preside Reyna Durán Ovando, se asumió desde antes que se anunciará la mega marcha feminista: “8M Paramos Juntas y Juntas Avanzamos’’ y se acercaba “El 9 Ninguna se Mueve”.

Ese mismo día fue notificado al personal femenino del Congreso del Estado que no tendría ninguna consecuencia laboral si se sumaba a la movilización.

Feminicidios y maltrato

Datos de 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), reportan que Quintana Roo está poblado por un millón 502 mil personas, de las cuales 750 mil 024 son mujeres y 751 mil 538 son hombres.

En el estado, apuntan organizaciones sociales, los feminicidios y el maltrato intrafamiliar van a la alza.

Bajo esas circunstancias, próximo a que la entidad cumpla 50 años de haberse convertido en Estado Libre y Soberano, es que el diputado Gasca Arceo promovió la iniciativa de modificar el Código Penal para sancionar con mayor dureza a quienes se atrevan a cometer ese tipo de delitos en la población infantil, adolescente, mujer o persona con discapacidad, independientemente de su sexo.

Sobre todo si se trata de un servidor público, debido a que cometería el ilícito abusando de su poder jerárquico, la que irá acompañada con la iniciativa de reformas a la Ley de Protección Civil, en materia de discapacidad, presentada por la legisladora Paula Pech Vázquez, presidenta de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad.

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