Incumplen con unidades médicas; se quedan con anticipo

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  • Tres empresas no han devuelto más de 5 mdp que recibieron para construir unidades médicas, revela Auditoría Superior de la Federación.

FELIPE VILLA

CHETUMAL, Q. ROO.- Tres constructoras recibieron del gobierno del estado recursos por 7 millones 896 mil 400 pesos para la construcción de tres unidades médicas en dos municipios, pero incumplieron con los trabajos y omitieron devolver anticipos por 5 millones 922 mil 300 pesos, revela la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Se trata de las empresas Maquimir Construcciones, SA de CV; Grupo Constructor Pineda García, SA de CV y Tochter, SA de CV; los trabajos les fueron encargados por el gobierno de Quintana Roo en 2018 y ese mismo año se les rescindieron los contratos por haber incumplido, desde entonces no han devuelto los recursos.

A Maquimir Construcciones se le asignó el contrato SESA-DDIS-LP-OP-PDR-009-218 para la construcción de una unidad médica de primer nivel en la comunidad de Dziuché, municipio de José María Morelos. Recibió anticipos por 2 millones 767 mil 500 pesos y sólo realizó trabajos por 691 mil 900 pesos. Omitió devolver 2 millones 75 mil 600 pesos.

Por su parte, al Grupo Constructor Pineda García se le asignó la construcción de una unidad médica de primer nivel en la comunidad de Ucum, municipio de Othón P Blanco, para lo cual se le adjudicó el contrato SESA-DDIS-LP-OP-PDR-010-2018. Como en el caso anterior, se le entregaron 2 millones 767 mil 200 pesos y sólo realizó trabajos por 691 mil 800 pesos. Hasta la fecha, no ha devuelto 2 millones 75 mil 400 pesos.

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En el caso de Tochter, se le asignó el contrato SESA-DDIS-LP-OP-PDR-011-2018 para la construcción de la unidad médica de Caobas, municipio de Othón P. Blanco. Recibió 2 millones 361 mil 700 pesos, pero realizó trabajos sólo por 590 mil 100 pesos. Debe 1 millón 771 mil 300 pesos.

Por los tres casos, los auditores de la ASF encontraron “un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal” por un monto de 5 millones 922 mil 327 pesos. A ellos se deben sumar, señala el máximo órgano de fiscalización del país, “los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación”.

A solicitud de la ASF, la Secretaría de la Contraloría de Quintana Roo abrió el expediente SECOES/SFIOPAS/CGSIARFE/ASF/EPRA0183/2019 para “determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos”.

Y es que en el dictamen de la auditoría se señala que la falta de las empresas fue ocasionada por la “inobservancia de la normativa” en que incurrieron funcionarios responsables de verificar los trabajos. Las leyes que no se hicieron cumplir son la General de Contabilidad Gubernamental y la de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Los recursos provienen del Programa de Proyectos de Desarrollo Regional, entregados por la Federación al gobierno de estado. Los hallazgos están contenidos en el más reciente Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de la ASF.

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