PUERTO MADERO: Covid-19, bomba de tiempo en prisiones

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RUBÉN TORRES

El Protocolo de Actuación para la Atención de COVID-19, redactado por la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud federal, es una bomba de tiempo por el hacinamiento, insalubridad, carencia de medicinas, médicos e infraestructura, que si enciende la mecha el mortal virus en prisiones podría convertirse en una tragedia no nacional sino internacional.

Esto porque el gobierno federal, hizo oídos sordos o tiene “otros datos’’ sobre la situación que impera en 17 Centros Federales de Readaptación Social (CEFERESOS), donde se encuentran 17 mil 058 internos clasificados como de alta peligrosidad, los cuales son parte de procesos penales del fuero federal.

Con ese Protocolo de Actuación, lo único que hizo la federación fue decirles a lo gobiernos de los 32 Estados, que se rasquen con sus propias uñas y atiendan la problemática en más de 300 Centros de Readaptación Social (CERESOS) que existen en todo el país con una población de más de 200 mil internos.

Esto pese a que la Oficina en México de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODOC) -en inglés-, las organizaciones Panamericana de la Salud (OPS) y Mundial de la Salud (OMS), más el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), recomendó ante la epidemia aplicar “Estándares Especiales UNAPS COVID-19’’.

Se trata de medidas sanitarias concretas a fin de prevenir y contener la potencial presencia del coronavirus, porque una vez que ingrese a algunos de los 17 CEFERESOS o los más de 300 CERESOS diseminados en las entidades federativas, que incluso albergan a 15 mil 974 internos relacionados a delitos de carácter federal o de alta peligrosidad, todo cambiará.

El mencionado protocolo de acuerdo con el organismo Asistencia legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL), presentado esta semana por el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell y el director General de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés Alcalá, es preocupante e incipiente.

El organismo consideró que el documento es una “muestra del gran desconocimiento de las autoridades de la realidad interior de los centros penitenciarios en México’’, como es incluso el autogobierno.

Lo que “invisibiliza a las poblaciones con mayor riesgo y vulnerabilidad ante la enfermedad de no contar con un enfoque diferencial’’, diagnóstico que de igual forma comparten la UNODOC, OPS, MS, ONU-DH e incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), sobre análisis realizados desde el año pasado.

El informe presentado por López Gatell y Cortés Alcalá, elaborado para enfrentar cualquier alarma de que el intruso COVID-19, pero no de un intento burlar los filtros de seguridad de los reclusorios, prisiones o CERESOS o CEFERESOS del país en municipios, Estados y la Federación,
que juntos superan los 310 centros de reclusión.

Lo que significaría que la pandemia ingresaría a los penales locales y federales, tendría un tiempo de expansión corto y un periodo de incubación similar con cientos de miles de muertos, lo que pondría en entredicho el “Protocolo para la Atención de COVID-19 en CEFERESOS’’.

La intención del llamado protocolo, se sustenta en la atención de personas privadas de la libertad en dos vertientes: prevención y atención a la emergencia, no a la contención como reclaman tanto los organismos internacionales y nacionales, así como varias organizaciones no gubernamentales, que pretende evitar que el virus haga erogar miles de cadáveres.

ASILEGAL y los organismos mencionados, estiman que el protocolo apenas configura un primer diagnóstico que lo único que resalta son las cuestiones “etarias’’ de la población, el flujo de personas que circulan en la institución y el número de personas adultas mayores, lo que resulta gravemente alarmante.

Esto porque en ninguna parte del documento del protocolo, se menciona qué se hará frente a las condiciones de internamiento que sin lugar a duda representa un obstáculo para contener y atender un brote de COVID-19, se ignora la sobrepoblación, la falta de agua y las paupérrimas condiciones de higiene.

Otro punto que no fue tomado en cuenta, como observan los organismos, comisiones y el organismo civil, es que “invisibiliza a las personas que ya viven con patologías crónico-degenerativas como son la diabetes, hipertensión, cáncer, algún tipo de discapacidad, enfermos terminales o personas infectadas con VIH.

La preocupación de los mencionados es compartida, debido a que la principal interrogante es ¿Qué sucederá con los más de 300 centros penitenciarios que no contempla el protocolo? Lo que consideran como un reflejo más de la crisis que vive el sistema penitenciario mexicano, bajo la visión de este gobierno y una bomba de tiempo.

Los argumentos vertidos por dichos organismos estudiosos del tema no dejan más que preocupaciones e interrogantes, debido a que afortunadamente aún no se ha conocido de un caso de contagio dentro de los centros penitenciarios o no se ha divulgado nada, de ocurrir nos caería otra desgracia.

Y le estaría cobrando factura a las autoridades quienes con ese protocolo no tienen idea de cómo manejarían la crisis sanitaria carcelaria, en caso de suceder, que no es el deseo de ningún mexicano de buena fe, se tendrá que señalar un responsable al no saber actuar conforme a los retos como a ocurrido en otros temas relevantes de la nación.

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