- La preguntas que la población hizo sobre las acciones implementadas por autoridades federal, estatal y municipales no tuvieron respuesta.
MARCO ANTONIO BARRERA
CANCÚN, Q. ROO.- La difusión de medidas de prevención, seguridad laboral e impacto económico fueron las preocupaciones principales de los quintanarroenses ante la brote del Covid-19 y no tuvieron respuesta oficial a través del sistema de consultas públicas de transparencia federal, estatal y municipal.
Se quedaron en el aire 35 temas planteados por ciudadanos a 26 dependencias de los tres órdenes de gobierno al no darles respuesta durante la cuarentena ni cumplir con los plazos legales a que está obligado el órgano garante de transparencia para garantizar el acceso a la información.
La mayoría de las personas pidieron conocer las acciones implementadas por las autoridades federal, estatal y municipales para evitar la propagación y contagio del coronavirus. Además, conocer los daños que dejaría la enfermedad en las finanzas públicas, los ajustes de horarios para asegurar el empleo y las modificaciones de actividades específicas, como el personal de la policía.
Los casos menores, en contraste, cuestionaron el blindaje realizado para proteger las fuentes de empleo en el gobierno, la forma como se respetaría el derecho a la información, el número de casos contabilizados de neumonía atípica, la cantidad de quejas y denuncias contra servidores públicos y la forma de garantizar el funcionamiento adecuado de la infraestructura hospitalaria.
Un listado de solicitudes de información relacionadas con el tema de la contingencia sanitaria derivada de la propagación en el mundo del Covid-19 del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo, advierte que la Secretaría de Salud estatal la tuvo la mayor cantidad de solicitudes de información, hasta la segunda semana de marzo.
Las dudas consistieron en conocer las medidas adaptadas en materia laboral y la cantidad de casos confirmados de “portadores del virus”, la capacidad económica, de infraestructura y de personal médico del sector, los protocolos establecidos para proteger al personal de hospitales, los procesos de licitación pública, invitación restringida y adjudicación directa para adquirir bienes y servicios y la cantidad de empleados de hospitales contagiados.
Además, el número de casos de infectados y personas fallecidas entre enero y marzo, el protocolo de detección de virus en pacientes con diabetes, hipertensión u otra enfermedad que pudiera agravar la salud del paciente, la cantidad de pruebas de detección adquiridas y su aplicación en hospitales públicos y privados. Incluso, se solicitó la cantidad de certificados de defunción confirmados o vinculados a la enfermedad que fueron entregados y la estadística de casos positivos en Cozumel.
A la Jurisdicción Sanitaria se le pidió las medidas de seguridad y protocolos que se aplicaron en los centros de salud, hospitales y oficinas administrativas y el número de personas capacitadas para la atención al público.
La Secretaría de Seguridad Pública recibió preguntas como las medidas implementadas a favor de madres y padres solteros ante la cancelación de clases escolares, saber si se les pagó sueldo completo cuando fueron enviados a sus casas y si se modificaron los patrullajes de seguridad por zonas de vigilancia epidemiológica.
El Ayuntamiento de Benito Juárez, por ejemplo, que contabilizó cinco solicitudes de información se negó en detallar los casos.
Otros dos solicitudes de información se hicieron a la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, servicios estatales de salud, jurisdicción sanitaria número 3, Secretaría de Desarrollo Social, Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de la entidad, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, municipio de Isla Mujeres y el Partido Acción Nacional.
Las dependencias u organismos con una sola petición fueron jurisdicción sanitaria,
los municipios de Solidaridad y Tulum, las secretarías de Ecología y Medio Ambiente, de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable, Finanzas y Planeación y de Gobierno, los partidos Morena y Verde Ecologista, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado, Universidad del Caribe y el Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología.
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