Procesan a tres mandos del SAT

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  • Tres funcionarios del SAT fueron vinculados a proceso por un contrato de compra de computadoras que el personal no utilizaba.

ABEL BARAJAS /AGENCIA REFORMA

Tres funcionarios del Servicio de Administración tributaria (SAT) fueron vinculados a proceso por el caso de los puestos de servicio a los contribuyentes en 2016, un contrato que ocasionó que dos terceras partes del personal del organismo hacendario tuviera una computadora adicional que no utilizaban.

De acuerdo con informes del Poder Judicial de la Federación, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) imputó a José Luis Torres Silva, Administrador de Apoyo Desconcentrado de Comunicaciones y Tecnologías de la Información 1.

También a José Luis López Herrera, subadministrador de Infraestructura Externa, y José Bernardo Exzacarías Farrera, subadministrador de Apoyo Desconcentrado 1, del SAT.

Un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur los vinculó a proceso por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, sancionado con 6 meses a 12 años de prisión y de 30 a 150 días multa, según el Código Penal Federal.

No obstante, el juzgador concedió a Torres, López y Exzacarías la medida cautelar de libertad provisional, con la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad judicial.

En junio de 2018 REFORMA reveló que el SAT había adjudicado el contrato para administrar puestos de servicio a los contribuyentes, por un monto de mil 176 millones 343 mil pesos, a Centro de Productividad Avanzada (Cepra), una empresa que había sido inhabilitada por un convenio con Pemex.

La Auditoría Superior de la Federación revisó el caso y concluyó que Cepra además había entregado datos falsos al SAT para obtener una ventaja indebida y ganar el contrato, sin que los responsables de la licitación revisaran la información.

En su informe, la ASF refiere que tras realizar una verificación aleatoria de algunos de los 902 centros de servicios que la empresa dijo tener en todo el País, así como de sus números telefónicos, descubrió que en la mayoría no podía acreditarse su existencia.

Esta licitación fue adjudicada el 21 de junio de 2016 a la empresa Mainbit, pero las impugnaciones y litigios tuvieron como consecuencia que el convenio fuera anulado y que cambiara de manos en cuatro ocasiones en un plazo de dos años, siendo Cepra el otro proveedor en la disputa.

El contrato tenía, entre otros propósitos, proveer 40 mil computadoras al SAT, pero el pelito legal dio lugar a una duplicación que se tradujo en que dos terceras partes del personal contara con un equipo adicional que no utiliza.

Cepra instaló 40 mil computadoras y Mainbit 26 mil 504.

El 15 de febrero de 2019, el abogado Luis Pérez de Acha presentó ante la Fiscalía General de la República una denuncia de hechos por este asunto, que derivó en la carpeta de investigación FED/FECC-CDMX/0000103/2019 y más tarde en el proceso penal contra los imputados.En su denuncia, el litigante atribuyó a 10 funcionarios del SAT los delitos de uso indebido de atribuciones y facultades, peculado y cohecho, aunque al final fueron llevados a los tribunales sólo tres servidores públicos.