- Covid-19 destapó la “invisibilidad’’ a la que están sometidas las mujeres presas en los 351 Ceresos, denunciaron activistas sociales.
RUBÉN TORRES
CANCÚN, Q. ROO.- El Covid-19, además de incrementar la violencia de género en hogares mexicanos, sacó los “trapitos al sol” y la “invisibilidad’’ a la que están sometidas las mujeres presas en los 351 Ceresos, estimaron Ana Pecova, Saskia Niño de Rivera y María Elena Morera.
Centros de Reinserción Social donde, incluso, llegan a vivir con sus hijos, donde no están listas para la reinserción ni con nuevas leyes, de acuerdo con las propias autoridades.
Las activistas sociales, en conferencia virtual, coincidieron que son pocas las entidades, como Quintana Roo, Ciudad de México, Coahuila, Hidalgo, Nuevo León, Aguascalientes o Oaxaca, que han mostrado atención a las reas.
Donde se proporciona empleo y recursos a quienes representan cinco por ciento de las más de 200 mil personas privadas de su libertad, por haber cometido algún delito.
Niño de Rivera, directora general de Reinserta A.C., dijo que las autoridades penitenciarias estatales consideran las prisiones como “la caja chica”, de donde sacan recursos para la manutención en los Ceresos.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por su parte, ha documentado, calificado y evaluado a estos centros, pero sus recomendaciones no son tomadas muy en cuenta.
Ana Pecova, directora ejecutiva de EQUIS, Justicia para las Mujeres, comentó que aún cuando cinco por ciento puede verse como un número menor, la realidad es que las mujeres en prisión son un “verdadero ejército”.
El 75 por ciento de ellas son madres y 95 por ciento son madres solteras, como arrojó una evaluación recientemente realizada.
Agregó que la Ley de Amnistía recién aprobada por el Poder Legislativo, más que resolver actos de justicia, será utilizada para despresurizar las prisiones.
“Sólo va encaminada, en su mayoría, hacia los hombres acusados en el fuero federal; la Ley Nacional de Ejecuciones es insuficiente porque rechaza aplicar a personas vinculadas a delitos de crimen organizado o narcotráfico”.
Esperan sentencia
Ana Pecova reveló que, en los Ceresos, existen 52 mujeres que están esperando sentencia; las demás siguen en proceso por delitos de carácter federal.
“No ha sido tomado en cuenta que fueron utilizadas como ‘mulas’ o simplemente se encontraban en los domicilios donde se realizaron operativos estatales o federales y las apresaron al existir dosis o paquetes de droga”.
La mayoría enfrenta cargos de “robo simple”; algunas más por aborto u homicidio, muchas veces cometido en defensa propia.
Sin embargo, las leyes recién aprobadas, así como el “Protocolo de Actuación para la Atención del Covid-19” aplicado desde la federación y aprobado recientemente por la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, no es para ellas.
María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, estimó que como los presos no votan, a las mujeres se les retiran sus derechos, por lo tanto, “que se queden ahí”.
Esa es la respuesta de la mayoría de los gobiernos de los estados, los cuales no invierten en una infraestructura que se remonta hace más de 50 años.
“Ellas son el eslabón olvidado en la impartición de justicia; se requiere de una voluntad política, estrategia, planeación y un equipo de trabajo, porque existen algunos estados que sí lo hacen, pero la mayoría no”, sostuvo la fundadora de ese organismo y anteriormente de México Unido Contra la Delincuencia.
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