Demuestra oficio conflicto de interés con mafia rumana; Fiscal lo niega

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  • Fiscal Anticorrupción de la FGR descartó conflicto de interés en Camilo Constantino, funcionario de la dependencia y hermano de un escolta de presunta mafia rumana que opera en Quintana Roo.

BENITO JIMÉNEZ / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscal Anticorrupción de la FGR, María de la Luz Mijangos Borja, aseguró que su colaborador Camilo Constantino Rivera, jefe de la Unidad de Investigación y Litigación, no tiene nada qué ver en la indagatoria contra el líder de la mafia rumana, Florian Tudor.

Sin embargo, un hermano del fiscal, Jesús Constantino Rivera, se ha presentado como escolta y abogado de los integrantes del grupo criminal.

Además de que se ha hecho pasar por agente ministerial sin serlo.

“Camilo Constantino Rivera, trabaja en la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, no ha tenido intervención en el asunto, el asunto lo lleva un MP y éste tiene un Fiscal en jefe, ellos dos son lo que han estado al tanto de todos estos asuntos”, apuntó Mijangos Borja.

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Pese a ello, un oficio firmado por Camilo Constantino desmiente los dichos de la fiscal Anticorrupción.

El pasado 7 de enero, el propio Camilo Constantino solicitó apoyo al subdelegado de la FGR en Quintana Roo para recibir y dar facilidades a Gabriel Cruz Cruz y Carlos Alberto Caravantes Acevedo para realizar diligencias relacionadas con el caso de la mafia rumana y una denuncia por supuesto abuso de autoridad.

Incluso el oficio CIX/FECC-001/2020 iba dirigido con copia a María de la Luz Mijangos Borja.

La Fiscal Anticorrupción de la FGR, María de la Luz Mijangos Borja, se desmarcó de los delitos que comete una mafia de origen rumano en Quintana Roo, dedicada a la clonación de tarjetas bancarias a nivel mundial, y aclaró que sólo investiga a funcionarios públicos involucrados en un cateo ilegal contra Florian Tudor, presunto cabecilla de esa agrupación.

“La Fiscalía en el Combate a la Corrupción de la FGR investiga una denuncia en la que una persona afirma haber sido víctima de abuso de autoridad en un cateo ilegal, que está declarado ilegal, realizado en el mes de mayo de 2019”, dijo a REFORMA Mijangos.

“En este caso, los denunciantes son los rumanos y los probables imputados son los que estuvieron involucrados en el cateo. Autoridades locales y federales en Quintana Roo”.

La funcionaria estableció que algunas autoridades que están señaladas como involucradas en ese cateo, supuestamente ilegal contra esa mafia, son de la propia FGR, adscritas a la Delegación de Quintana Roo.

“Esa carpeta no la tengo yo, esa carpeta la lleva el área de Asuntos Internos de la Fiscalía Especializada en Asuntos Internos de la FGR -que encabeza Adrián a Campos-. Ellos también tienen una carpeta de investigación, en la que los denunciantes son los rumanos”, advirtió.

“Ahora, si los denunciantes, o sea los rumanos, están involucrados en algún delito ese tema no corresponde a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, eso es muy importante porque parecería como si nosotros vemos los dos tipos de asuntos. Si ellos (los rumanos) cometieron algún delito eso corresponde a otra área de la propia FGR, o de la Fiscalía de Quintana Roo”.

Insistió en que ella tiene esa denuncia en sus manos debido a que el cateo contra la mafia fue cometido por servidores públicos.

“O sea yo estoy viendo un cateo que se realiza en el mes de mayo y en el que presuntamente hay irregularidades por parte de de autoridades locales y federales, eso es todo lo que yo veo. Eso no exime a los denunciantes (rumanos) de ser investigados por otra área de la FGR”.

-¿Tiene la certeza de que la investigación (contra los servidores públicos que actuaron contra Tudor) esta apegada a derecho?

“Yo respeto la autonomía de los Ministerios Públicos, me parece que no esta viciada, pero hay filtros que se darán en su momento, esta carpeta una vez que se presente para ser judicializada entonces se revisará por otras áreas, por áreas internas de la propia FGR, ahí veremos si hay alguna irregularidad, a mí parece que no”, aclaró.

“En alguna ocasión, por parte también de los rumanos, vinieron y alegaron que no hacíamos nuestro trabajo correctamente. Y el día que vino el señor (Alberto) Capella (Jefe de la Policía de Quintana Roo) voluntariamente aquí a conocer de los hechos también manifestó lo mismo. Yo en esas cosas procuro ser muy equilibrada y dejar que no se litigue esto en medios, para no distorsionar hechos, no es lo correcto”.

-¿Con la fuerza inusitada que se ha procesado a funcionarios en este asunto usted cree qué hay certidumbre jurídica para los funcionarios responsables de perseguir estas presuntas mafias, cree que se inhiba el combate a grupos delictivos?

“No, imagínese cuál fuerza inusitada. De verdad, a mí me parece que lejos de que ellos digan que se les inhibe el combate a estos grupos delictivos, yo podría decir lo mismo ¿ustedes inhiben el combate a la corrupción? ¿Se inhibe que nosotros podamos señalar a nadie que sea autoridad? Pues no, eso descártelo completamente. No estamos del lado de ninguna persona”.

-¿Si la justicia de otros países termina procesando a Tudor y compañía, cómo considera que se verá la procuración de justicia de México en el ánimo internacional?

“Se verá como eso, como imparcial, justamente ese es el principal mensaje que se quiere dar, en este caso ellos (los rumanos) denuncian, y si fueron objeto de un abuso de autoridad, pues fueron objeto de un abuso de autoridad, tienen derechos. Si ellos cometieron otros delitos, que se los demuestren y, si son culpables, serán sancionados.

-¿Existen presiones políticas que favorezcan a los rumanos? “Pero por supuesto que no hay presiones, ni para apoyar a una parte ni la otra, yo del Fiscal no he recibido ninguna presión, ni externa, hay quejas que me han dicho de frente, ambos bandos (rumanos y servidores públicos)”.

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