Piden respetar Derechos Humanos en protestas

107
Piden indagar agresión contra cinco activistas
  • En el caso de Quintana Roo, los especialistas refirieron que ‘Los Derechos Humanos no están en cuarentena’, tienen conocimiento de lo ocurrido en Puerto Morelos.

 

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.– Los gobiernos estatales deben implementar las acciones para frenar las violaciones a los derechos humanos, así como las detenciones arbitrarias de aquellas personas que formen parte de una movilización o protesta.

El Observatorio Nacional sobre Detenciones Arbitrarias (ONDA), el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec) y el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) ofrecieron la rueda de prensa ‘Los Derechos Humanos no están en cuarentena’.

En el encuentro virtual abordaron las detenciones ilegales y actos de violencia que han sufrido manifestantes en Tijuana, Baja California; Guadalajara, Jalisco; San Luis Potosí; Puerto Morelos, Quintana Roo, así como en la Ciudad de México, donde quedó en evidencia la falta de protocolos de actuación de los elementos policiales.

En el caso de Quintana Roo, los especialistas refirieron que han tenido conocimiento a través de los medios de comunicación que las detenciones fueron arbitrarias en el marco de una protesta por la demolición del quiosco en Puerto Morelos, y es evidente en los videos que se trata de aprehensiones ilegales, además se criminalizó la manifestación.

Temen fortalecimiento del crimen organizado

Gabriela Alvarado, de Educación y Ciudadanía A.C. (Educiac) que forma parte del Observatorio Nacional, adelantó que en breve tendrán un monitoreo de todos los estados del país sobre este tipo de detenciones.

En tanto, Rogelio Córdova Nava, director general de Educiac, aseveró que desde el inicio de la pandemia, advirtieron la complejidad para la autoridad de atender esta situación, ya que los policías carecen de conocimientos para mantener una adecuada proximidad social.

Insistieron que ante la presencia de Covid-19 y la ‘nueva normalidad’ no se deben permitir actuaciones ilegales, puesto que la movilización social es un derecho, así como el libre tránsito, la libertad de expresión y los actos de las autoridades son ilegales, ya que criminalizan la protesta.

“Una investigación imparcial en los hechos violatorios a derechos humanos, que garanticen la reparación del daño y la no repetición, que las medidas preventivas por Covid-19 no atenten contra los derechos humanos. Que las actuaciones se apliquen con perspectiva de género”.

 

Te puede interesar: Trató ‘Gran Solaris’ blindar su ilegalidad