Ordena juez a TSJ castigar a tesorero

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Ordena juez a TSJ castigar a tesorero
  • Un Juez de Distrito de Acapulco ordenó al TSJ subsanar el incumplimiento de una sentencia civil y ejecutar medidas de apremio pendientes contra el tesorero municipal.

 

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Un Juez de Distrito de Acapulco ordenó al Tribunal Superior de Justicia del estado subsanar el incumplimiento de una sentencia civil y ejecutar medidas de apremio pendientes contra el tesorero municipal Marcelo José Guzmán.

El caso que se ventila en el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Quintana Roo lleva más de tres años sin que se haga efectivo un laudo condenatorio para escriturar un inmueble, a causa de prácticas dilatorias a las que contribuyó el responsable de la hacienda benitojuarense.

Al afectado, Armando Cañamar González, se le ha impedido inscribir un inmueble en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, debido a que el bien arrastra rezagos en impuestos cuyos montos actualizados se niegan a calcular las autoridades municipales.

Según el amparo número 1209/2019 para el Juez Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región de Guerrero, Alejandro Castro Peña, hubo dilación de la justicia en un caso legal que está por cumplir cuatro años.

Pese a que el tesorero de Benito Juárez no formó parte del juicio original fue requerido para calcular los rezagos tributarios de una propiedad, pero se negó a dar la información, pese a un anunciado apercibimiento que jamás le fue aplicado.

La sentencia definitiva data del 21 de septiembre de 2017, cuando un juez declaró infundadas las prestaciones reclamadas a una sociedad moral, pero que dejó a salvo los derechos del afectado para hacerlos valer por la vía y forma que se estimara procedente.

Reitera juez rebeldía de Mara

La víctima interpuso un recurso de apelación ante la Quinta Sala Especializada en materia Civil y Mercantil del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo, que revirtió los términos de la sentencia original el 15 de mayo de 2018.

En la nueva sentencia condenó a la contraparte y ordenó la formalización del traslado de dominio y su inscripción registral. “…Apercibida que en caso contrario, en su rebeldía lo otorgará esta autoridad”, estableció el fallo.

Fue de esa forma como se subsanó una rebeldía jurídica y se otorgó la escritura el 17 de enero de 2019, pero quedó pendiente su inscripción registral.

Ahí fue cuando se solicitó al tesorero José Guzmán realizar las gestiones para determinar si el inmueble estaba al corriente en pago de impuestos y derechos, pero el funcionario alegó que no podría entregar la información, sin exponer ni justificar las razones.

Casi tres meses después, mediante oficio TM/2130/2019 se requirió nuevamente información al funcionario y se le fijó un plazo de respuesta de tres días. Otra vez, se le apercibió ante incumplimiento. La respuesta del servidor público fue recibida y archivada sin ser analizada.

El Juez Quinto de Distrito determinó que la autoridad municipal fue omisa pues tardó 15 días en dar respuesta cuando el plazo fue de tres días, sin que se aplicaran sanciones.

El amparo ordenó analizar las causas por las que el tesorero municipal se negó a dar la información y las razones de que se le eximió de las medidas de apremio, según el fallo otorgado el 20 de enero pasado.

 

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