Niega juez a Góngora llevar juicio en su casa

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Niega juez a Góngora llevar juicio en su casa
  • Mauricio Góngora enfrenta también cargos por daño patrimonial a las finanzas públicas del Ayuntamiento de Solidaridad por más de 754 millones de pesos.

 

MARCO ANTONIO BARRERA

SOLIDARIDAD, Q. ROO.- El ex alcalde Mauricio Góngora seguirá preso en el Centro de Retención Municipal de Playa del Carmen, al negársele un nuevo amparo con el que pretendía desestimar las acusaciones que enfrenta por peculado.

Los cargos que pesan contra el ex secretario de Hacienda del ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, cuentan con la debida fundamentación y motivación legal para mantenerlo sujeto a proceso, consideró la Juez Tercero de Distrito, Ana María Nava Ortega.

Ante el Poder Judicial Federal, Góngora Escalante pretendió culpar al Ministerio Público de denunciarlo por peculado a través de su relación sólo con algunos datos de prueba, para justificar un hecho sin demostrar su existencia, y del cual no obtuvo ventaja ni el denunciado ni algún tercero. Su argumento fue desechado.

Un par de casos penales que mantienen preso al ex priista, lo responsabiliza del destino que dio a un monto de 160 millones de pesos obtenidos mediante un préstamo de bancos, y de los cuales contó con la autorización del Cabildo en 2014.

El dinero serviría para costear obra pública, enfrentar contingencias a causa de fenómenos naturales y atender otras necesidades financieras de la comuna, pero al final ni siquiera los regidores se enteraron del destino de los recursos.

En la negativa de amparo, se establece que el dinero público se utilizó (contrario a lo que establece la Ley) para pagar cuentas pendientes a personas físicas y morales por gastos de publicidad de la administración municipal, infraestructura urbana y cubrir los sueldos de empleados del gobierno, entre otros destinos.

Mauricio Góngora, en sus argumentos de defensa, sostuvo que destinar el dinero no configuró el delito de peculado pues a quienes se realizaron los pagos por diversas cantidades no tenían una relación con el Ayuntamiento de Solidaridad que gobernó.

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Insistió que las autoridades que lo acusan (Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción) no acreditaron que al utilizar dinero se haya omitido la prestación de algún servicio ni mucho menos se hubiera destinado al uso ajeno, en beneficio de él o un tercero, precisó.

La juez Ana María Nava resolvió en su análisis que los cargos están debidamente fundados y motivados en la sentencia decretada por la titular de la Novena Sala Especializada en Materia Penal Oral del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en Cancún, el 17 de diciembre del año pasado. De ahí, los argumentos del quejoso son inexactos e infundados.

En su intento por obtener el sobreseimiento de peculado que enfrenta, acusó al Ministerio Público de abstenerse de solicitarlo al Juez de Control y a la Magistrada Supernumeraria responsable del tribunal de alzada. De la resolución de ésta última, solicitó el amparo.

“En este orden de ideas, al haber resultado infundados los conceptos de violación hechos valer por el peticionario de garantía, se impone negarle el amparo y la protección de la Justicia Federal que impetra”, se resolvió en el caso en cuestión.

Góngora Escalante fue denunciado por el entonces síndico municipal del gobierno solidarense, Juan Carlos Beristain, que interpuso querella ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en enero de 2018, por cuyo caso el ex alcalde priista y ex candidato a gobernador fue detenido en un centro comercial de la Ciudad de México, a fines de ese mismo mes.

La audiencia constitucional se realizó el pasado seis de marzo sin presencia de acusador ni fiscales, en la que únicamente la autoridad presentó constancias y documentos en la fase probatoria. Ninguna, tampoco, presentó alegatos de ningún tipo.

Góngora Escalante en su juicio de garantías acusó violaciones de los artículos constitucionales 1, 19 y 20 por parte de la Novena Sala Especializada en Materia Penal Oral, el Juez de Control del caso y el Tribunal de Juicio Oral Penal del Distrito Judicial de Solidaridad.

El ex priista enfrenta también cargos por daño patrimonial a las finanzas públicas del Ayuntamiento de Solidaridad por más de 754 millones de pesos, mediante cargos de desempeño irregular de la Función Pública (por un daño de 594 millones de pesos) y dos cargos de peculado por 160 millones de pesos.

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