Fueron 38 madres y padres de familia que optaron por enfrentar a la paraestatal en juzgados y tribunales federales, para obtener la reconexión del servicio que se les interrumpió en plena contingencia sanitaria.
Con argumentos legales contundentes, los afectados comprobaron ante jueces y magistrados federales el ilegal corte de la energía eléctrica, ya que se transgredieron derechos elementales de la Constitución a favor del desarrollo de los menores de edad, como los derechos a la educación y la protección de la familia.