- Alejandro Marrufo Roldán es uno de los cuatro ex funcionarios borgistas que formaron bloque para solicitar amparo ante la justicia federal.
OMAR ROMERO
CANCÚN, Q. ROO.- Ante el requerimiento que les hizo la Secretaría de la Contraloría desde 2019 para que se presentaran a declarar en torno a la investigación que sigue en su contra bajo el expediente SGP/SSAJ/CGRSP/CRAJ/PAD0014/2017, cuatro ex funcionarios borgistas formaron bloque para solicitar amparo ante la justicia federal.
Admitidos por el Juzgado Primero de Distrito en Quintana Roo, los cuatro amparos pretenden demostrar la dilación en el proceso por el que se les investiga, así como presuntas violaciones en sus garantías individuales.
La lista de esta red de funcionarios acusados de presunto desvío de recursos públicos, la encabeza el ex titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Juan Pablo Guillermo Molina, sobre quien pesan al menos siete acusaciones como presunto operador del desfalco, por las que ha solicitado igual número de amparos, como este reciente identificado con el expediente 221/2020.
Le sigue Carlos Alberto Castillo Gamboa, ex director de Caja de Sefiplan, quien en 2017 fue sancionado por la Secretaría de la Contraloría (Secoes); José Alejandro Marrufo Roldán, ex tesorero del gobierno estatal; y Fernando Escamilla Carrillo, ex titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra).
Escala lío en Morena por obras fantasma con empresario ligado a Borge
En opinión de los quejosos, el requerimiento de la Contraloría viola los artículos constitucionales 1, 14, 16, 17 que tutelan el respeto de los derechos humanos y obligan a las autoridades —dentro del marco de sus competencias— a protegerlos.
“Nadie puede ser privado de su libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, aunado a que no pueden ser molestados en su persona, familia, domicilios, papeles o posesiones”, sostuvieron.
Desde 2019, la Secoes citó a comparecer a nueve ex funcionarios de la administración borgista para una audiencia inicial relacionada al expediente SECOES/SRN/CGSR/PRA0011/2019, entre ellos los cuatro que buscan la protección de la justicia federal.
En febrero de 2019, se llevó a cabo una audiencia que se extendió casi cuatro horas para esclarecer el destino de 506 millones 914 mil 400 pesos que fueron solicitados por la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) a través de un empréstito en octubre de 2015 y cuyo destino se desconoce.
El decreto 326 emitido por la XIV Legislatura de Quintana Roo con fecha del 15 de octubre de 2015, autorizaba a la CAPA a solicitar uno o más empréstitos hasta por 560 millones de pesos para pagarse en un plazo de 186 meses y que serían destinados a inversión pública productiva.
Te puede interesar: El vínculo delictivo de Tudor con Roberto Borge
