- El Dip. José Luis Guillén propuso que sentenciados por delitos sexuales y violación obtengan su libertad si aceptan someterse a tratamiento.
RUBÉN TORRES
CANCÚN. Q.ROO.- En momentos que el aislamiento social disparó la violencia intrafamiliar a causa del Covid-19, el diputado José Luis Guillén López pretende que se discuta en el Congreso del Estado que los sentenciados por delitos sexuales y violación obtengan su libertad si aceptan someterse al tratamiento de inhibición hormonal del deseo sexual.
El presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano Sustentable y Asuntos Metropolitanos en la XVI Legislatura, presentó esta iniciativa para modificar los artículos 141 y 144 y 137 Bis de la Ley Nacional de Ejecución Penal.
En la exposición de motivos resalta que en 2019 se cometieron 38 mil 357 delitos sexuales en Quintana Roo.
De estos, 12 mil 905 fueron violaciones entre simple y equiparada, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad y la Fiscalía General del Estado.
Arroja que de 2017 a 2019, se incrementó el número de personas por abuso sexual y violación perpetrados en contra de mujeres y menores de edad.
Fueron cometidos, principalmente, en cuatro de los 11 municipios donde se presentó el mayor número de ese tipo de delitos, como fue en Benito Juárez (Cancún), Solidaridad (Playa del Carmen), Othón P. Blanco (Chetumal) y Felipe Carrillo Puerto.
Arrojó 97 detenciones por violación y 134 por abuso sexual en ese lapso, de acuerdo con los informes de la Fiscalía quintanarroense.
De carácter sexual
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), expone que la comisión de delitos de carácter sexual se ha incrementado de forma preocupante en todo el país, ya que la tasa de violación de niñas y niños es de mil 764 por cada 100 mil habitantes, mientras que 5 mil niñas y niños por cada 100 mil habitantes sufren tocamientos.
Guillén López, el único diputado del Movimiento Auténtico Social (MAS) en la Legislatura, reconoce que se han incrementado ese tipo de actos, pero propone la necesidad de estudiar penas alternativas.
“Que, sin violar los derechos humanos de las personas, inhiban de forma eficaz la comisión y reincidencia de los delitos de violación, abuso sexual y estupro que tanto lastiman a la sociedad”.
En la exposición de motivos, acepta consecuencias en las víctimas físicas y estrés postraumático, como aislamiento y hostilidad social o cambio de personalidad por emociones de culpa, fracaso, desconfianza, entre otras consecuencias.
También deviene en alteraciones de los vínculos afectivos, ingestión de drogas, depresión e intentos de suicidio.
“Se debe salvaguardar el derecho humano que tienen las personas a su libertad y seguridad sexual”.
Pretende aplicar la supresión del deseo sexual tomando las experiencias de Francia, Italia, Dinamarca, Suecia, Polonia, Noruega, Alemania, Canadá, España, Rusia, Israel o Estados Unidos, en casos de “pedofilia y violación”.
“Con la reforma, se obtendría un beneficio de libertad a las personas sentenciadas por delitos de violación, abuso sexual y estupro, siempre que éstos opten libremente a un tratamiento farmacéutico de inhibición hormonal del deseo sexual”.
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