Sufre César Duarte nuevo revés legal

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Sufre César Duarte nuevo revés legal

Un tribunal federal negó en forma definitiva un amparo a César Duarte, ante orden de aprehensión por presunto desvío de recursos.

ABEL BARAJAS / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un tribunal federal negó en forma definitiva el amparo solicitado por César Duarte, ex Gobernador de Chihuahua, contra la orden de aprehensión que fue librada en su contra por un presunto desvío de recursos públicos por más de 379 millones de pesos.

Se trata de un caso en el que la Fiscalía de Chihuahua acusa que una parte importante del dinero desviado fue entregado en maletas en las oficinas del entonces mandatario estatal y los recursos se habrían empleado en campañas del PRI.

Los magistrados del Tercer Tribunal Colegiado Penal del Estado de México, con sede en Toluca, determinaron que el mandato de captura girado por el delito de peculado cumple con todas las formalidades legales y, por tanto, debe continuar vigente.

De acuerdo con registros judiciales, el fallo confirmó la sentencia dictada el 16 de abril de 2019 por el Juzgado Séptimo de Distrito con sede en Naucalpan, que negó en primera instancia a Duarte el amparo contra la captura y desechó también una parte de la demanda.

En este asunto se imputa al ex Gobernador de haber ordenado una contratación simulada por la suma de 379 millones 204 mil 999 pesos, con el propósito de tener disponibilidad de efectivo para pagos ilegales en la política y gatos en las campañas del PRI.

Se trata de una adjudicación a Asesoría y Servicios Online, S.A. de C.V., una empresa que luego de cobrar el contrato concentró el dinero en efectivo en el local de una razón social denominada Manzil Construcciones, en la capital de Chihuahua.

Un testigo colaborador de la Fiscalía de Chihuahua declaró que Antonio Tarín García, exdirector de Adquisiciones de Chihuahua hoy preso, enviaba a personas de su confianza por dinero y se lo llevaban en cajas hasta su oficina.

El contrato fue planeado en 2015 con miras a las elecciones de 2016 y, según el expediente del caso, con este dinero se acordó pagar 22 millones de pesos a los diputados locales que votaron por bursatilizar 6 mil millones de pesos de las arcas estatales en julio de 2016.

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