- El programa ‘Remedios Solidarios’ engloba tres propuestas que podrían implementar gobierno y empresas
FERNANDA TAPIA / AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.- Con “Remedios Solidarios”, Coparmex nacional busca curar los estragos de “Susana Distancia” y proteger los empleos de la crisis que trajo la pandemia de Covid-19.
El programa engloba tres propuestas que podrían implementar gobierno y empresas, con un costo del 1 por ciento de Producto Interno Bruto (PIB), equivalente a unos 204 mil millones de pesos.
La primera es un Salario Solidario, que pagarían en tres partes el gobierno federal, el empleador y el trabajador durante seis meses.
El monto sería progresivo. Entre uno y tres salarios mínimos, el trabajador recibe el 100 por ciento de su salario, el gobierno pone un 50 por ciento, y la empresa el otro 50 por ciento.
Entre 4 y 10 salarios mínimos serían terceras partes entre empresa, Estado y el empleado, que aceptaría recibir un 33 por ciento menos de su sueldo, y arriba de 15 salarios, autoridad y empleador aportarían el 25 por ciento cada uno, y el colaborador cedería el 50 restante.
El segundo elemento es un Seguro Solidario, orientado al millón de trabajadores que perdieron su empleo, y consiste en un salario mínimo durante 6 meses en lo que consiguen un nuevo trabajo.
El tercer componente es el Bono Solidario, que busca incentivar contrataciones. El gobierno pagaría tres meses el salario de los nuevos, y las empresas se comprometerían a mantenerlos seis meses como mínimo.
Para financiarlo, proponen al gobierno federal contratar más deuda o posponer el Tren Maya, el Aeropuerto de Santa Lucía y la refinería Dos Bocas, y redirigir los fondos, explicó en entrevista José Medina Mora, secretario general de Coparmex nacional.
“El gobierno federal ha sido muy claro en que sólo va a ayudar a los que menos tienen, y parece en ese sentido que el Salario Solidario está orientado a eso”, afirmó. Y agregó que hasta ahora no han tenido respuesta.
Por lo pronto consiguieron el apoyo de algunos gobiernos estatales, como el de Guanajuato, Hidalgo, Yucatán y Chihuahua. En el caso de Jalisco, lo plantearon al gobernador, pero prefirió reorientar esos gastos a créditos para las empresas.
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