- Laura Beristain gastó 7 millones 948 mil 047.16 pesos en el arrendamiento de vehículos blindados mediante la figura de adjudicación directa.
MARCO ANTONIO BARRERA
SOLIDARIDAD, Q. ROO.- El ayuntamiento que encabeza Laura Beristain contrató vehículos blindados para funcionarios públicos de la llamada ‘Cuarta Transformación’.
Fueron camionetas de lujo que el gobierno morenista rentó por casi ocho millones de pesos, a petición de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM).
El alquiler se realizó por adjudicación directa que favoreció a la empresa Lease and Fleet Solutions, S.A. de C.V. por un monto de siete millones 948 mil 047.16 pesos, según el contrato de prestación de servicio número DPM/AD/ARR/002/2020.
De la información que aparece en el portal de Transparencia se desprende que el arrendamiento se hizo con una compañía intermediaria “especializada en asesoría, consultoría y servicios administrativos y/u operaciones”.
La empresa favorecida se promociona comercialmente como que “nació para ofrecer soluciones eficientes en arrendamiento y administración de flotillas”, de las cuales surte vehículos tipo costa hasta camiones recolectores de basura.
Las camionetas a prueba de balas fueron alquiladas justamente cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador y diversos funcionarios públicos del gobierno de la “Cuarta Transformación” visitaron Playa del Carmen, entre enero y marzo pasado.
Otros servidores cuya visita coincidió con la renta de los vehículos blindados fueron Román Meyer Falcón, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y Rogelio Jiménez Pons, director general del Fondo Nacional de Fomento Turismo y funcionario responsable del Tren Maya, así como el Consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra.
Otro funcionario cuya visita comprometió el presidente fue el Procurador Agrario, Luis Rafael Hernández Palacios Mirón, para revisar la situación de viviendas y terrenos para la regularización y entrega de escrituras.
El método
La contratación de los vehículos blindados se justificó al amparo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Quintana Roo.
El artículo 19, inciso b, fracción II, establece que las adquisiciones, arrendamientos y servicios de adjudicación se harán por licitaciones públicas para asegurar al estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad, aunque se hace una excepción en “los casos en que el pedido o contrato sólo puede fincarse o celebrarse con una determinada persona, por ser ésta la titular de la patente de los bienes o servicios de que se trate”.
El artículo 33, fracción XVII, del mismo ordenamiento permite a las dependencias y entidades el procedimiento de contratación mediante ese mecanismo pero “bajo su responsabilidad”, cuando existan condiciones o circunstancias extraordinarias e imprevisibles, existan razones justificadas, se trate de operaciones no comunes o cuando la licitación pública ponga en riesgo la seguridad pública del estado o municipios, cuyos supuestos no aplican a este caso particular.
El medio
La empresa Lease and Fleet Solutions, S.A. de C.V. (RFC LFS161206dp3) se constituyó el 7 de diciembre de 2016. Y hace un par de años fue cuestionada por rentar automóviles patrulla en Quintana Roo.
Fue la misma empresa que participó antes como postor en la licitación pública nacional CLN-LCP/03/2017 para la “Contratación del servicio de arrendamiento puro de camiones recolectores” en Culiacán, Sinaloa.
En aquella ocasión durante el acto de presentación y apertura de proposiciones técnicas y económicas (13 de marzo de 2017, a las 13 horas) el dictamen fue que “se concluye que no presenta el registro en el padrón de proveedores del municipio, no presenta el comprobante de domicilio, tampoco presenta la declaración anual correspondiente al ejercicio fiscal 2015 ni el pago provisional más reciente”.
La propuesta que presentó fue por 54 millones 200 mil 859.56 de la cual “se hace la observación que no presenta la garantía de seriedad de la propuesta”, según se estableció por escrito el Comité de Adquisiciones.
La empresa favorecida con el contrato por adjudicación directa tiene su domicilio legal en la calle Francisco Barrera 11, Col. Cristóbal Higuera P. Ampliación en de Atizapán de Zaragoza, aunque también en Cerro de las Campanas No. 119, Col. Pirules, Tlalnepantla de Baz, en el Estado de México.
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