- Según datos de la Semarnat, en 2019 Zofemat entregó 56 títulos, equivalente a 228 kilómetros cuadrados de costas.
ÉDGAR FÉLIX
CANCÚN, Q, ROO.- Las concesiones en playas han sido un negocio millonario creciente para los Ayuntamientos de Benito Juárez, Puerto Morelos, Solidaridad y Tulum, los cuales cobran las tarifas más altas en el país, 142.95 pesos el metro cuadrado (en la mayoría valen entre uno y tres pesos) y, según datos de la Semarnat, en 2019 se entregaron 56 títulos, equivalente a 228 kilómetros cuadrados de costas.
De ahí que el Senado de la República haya emitido un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para verificar y garantizar el libre acceso de todos los mexicanos a las playas y sancionar o retirar permisos, según sea el caso, a las empresas que no cumplan con la ley.
Las inconformidades han crecido porque muchos de los negocios de la zona hotelera de Cancún y de la Riviera Maya permiten el acceso de sus huéspedes a las playas, cuando las autoridades sanitarias no han autorizado el ingreso al mar, debido a las restricciones por la época de emergencia sanitaria del Covid-19 y las disposiciones de sana distancia en esta Nueva Normalidad.
A pesar que el artículo 27 de la Constitución federal establece que todos los recursos naturales (incluidas las costas) son de dominio público, durante décadas se ha autorizado el control privado de los bordes de playas, ríos y lagunas a través de la dirección de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), para que los Ayuntamientos obtengan ingresos.
En teoría, este ingreso debe permitir a los municipios costeros de México ser autosuficientes y redistribuir los beneficios para sus poblaciones (infraestructura, educación, salud…), siempre y cuando se administren de manera eficiente y transparente.
Pero en la práctica, sostiene el Senado de la República, las demarcaciones con mayor ingreso por concepto de Zofemat, como Los Cabos, Cozumel, Cancún o Playa del Carmen, no reflejan mejores índices de recursos ni de desarrollo social, y sí en cambio representan conflictos por las discrecionalidades con que se han otorgado las concesiones cuyos beneficiarios llegan impedir el acceso a las playas públicas.
Hay dos tipos de restricciones: “in situ”, cuando transitas por la Zofemat y al llegar a la concesión de un hotel un guardia te impide el paso argumentando que “no tienes derecho a acceder”, o que “debes pagar una cuota o consumir algún servicio para permanecer en esta área”. “Ex situ”: cuando por falta de planeación, al edificarse hoteles, condominios y demás infraestructura turística, no se destina un camino de acceso para quienes quieran ingresar a la Zofemat o a la playa contigua (Servidumbre de Paso)
Ejemplifica el documento del Senado: Se le autoriza una concesión de Zofemat a una empresa privada en Playa del Carmen, por una superficie de 20 metros cuadrados, el negocio particular paga $57,180 pesos anuales. Si estimáramos que sobre este espacio se distribuyen adecuadamente 84 de camastros, con un costo por unidad de 200 pesos, resulta que la inversión realizada se recuperaría en menos de 3 días (21,000 pesos diarios en promedio) si fluyera el turismo como antes del coronavirus.
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