Tiran acusación de Contraloría

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Tiran acusación de Contraloría
  • La Ex directora de Ipae, Claudia Romanillos, frenó a la Contraloría del estado por violar el debido proceso en su pretensión de inhabilitarla.

 

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La ex directora del Instituto del Patrimonio Inmobiliario del Estado (Ipae), Claudia Romanillos, frenó a la Contraloría de Quintana Roo por violar el debido proceso en su pretensión de inhabilitarla para volver a ocupar un cargo público.

Un tribunal federal echó abajo la pretendida calificación que realizó el órgano fiscalizador para agravar la culpabilidad de Romanillos en la venta de terrenos estatales a precio de ganga, cuyo caso se vincula al que mantiene preso al séptimo gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge.

A juicio de los magistrados, el coordinador general de Sustanciación y Resoluciones de la Secretaría de la Contraloría del Estado (Secoes) agravó la culpabilidad de la acusada mediante un acuerdo de calificación que emitió a través del procedimiento SECOES/SRN/CGSR/PRA0008/2019, del 5 de julio de 2019.

Este procedimiento se realizó sin que la coordinadora de investigación “B-2” de la dependencia hubiera calificado previamente la conducta agravada, y a través de una “indebida interpretación” del artículo 100 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Quintana Roo.

La legislación establece que una vez agotadas las diligencias de investigación se procederá al análisis de los hechos para determinar la existencia de actos u omisiones que deben ser sancionadas, y en su caso calificarla como grave o no grave. Los cargos fueron presentados en junio de 2017 y la calificación de conducta grave exactamente después de dos años, y sin enterar a la acusada.

Los magistrados del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito resolvieron (el viernes pasado) dar la razón jurídica a Claudia Romanillos en una queja administrativa en la que denunció la inconstitucionalidad de la Contraloría, ya que al agravar la culpabilidad le impidió ampliar el alcance de un amparo ante el Juez Séptimo de Distrito y cuya suspensión provisional le fue negada el 29 de noviembre de 2019.

 

SECOES/SRN/CGSR/PRA0008/2019

 

La queja fue interpuesta por Romanillos ante el Primer Tribunal Colegiado por el desechamiento de ampliación de la demanda por el juez federal el 12 de febrero pasado, de cuya acción los magistrados Alfonso Gabriel García (ponente), Laura Granados y Gerardo Dávila validaron la queja y, por unanimidad, resolvieron fundados los argumentos de la quejosa.

El recurso jurídico ordena al juez de primera instancia acepté la ampliación del amparo ante los nuevos actos de la autoridad que califican como la presunta culpa en que incurrió la ex funcionaria estatal.

La quejosa argumentó que los recientes actos fueron emitidos en forma discrecional y unilateral por las autoridades demandadas”, ya que se “introducen hechos completamente novedosos”, lo que violenta el debido proceso que se sigue en su contra.

La Secoes argumentó que en los informes se conocieron nuevos hechos y circunstancias de ahí se justificó la reconfiguración de la acusación el 5 de julio de 2019, además que no se le informó “por no localización” en los domicilios que proporcionó.

Además, “ya que emana de la etapa de sustanciación de un procedimiento de responsabilidad administrativa” el cual resulta de interés general y de orden público en materia de combate a la corrupción.

El tribunal colegiado consideró que ante esos hechos “no tiene intervención el gobernado y, por tanto, son discrecionales”, con lo que validó la reclamación de violaciones a los artículos 1, 4, 14,16 y 17 de la Constitución General.

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