Investigan UIF y Seido a Mara Lezama por enriquecimiento ilícito

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Investigan UIF y Seido a Mara Lezama por enriquecimiento ilícito

 

  • UIF y la Seido investigarán a Mara Lezama por enriquecimiento, encubrimiento y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- A partir de este lunes nada será igual para María Elena Hermelinda Lezama. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) iniciarán investigaciones contra la presidenta municipal de Benito Juárez, y quienes resulten responsables, por denuncias de enriquecimiento, encubrimiento y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Ambos titulares de estas dependencias, Santiago Nieto Castillo y Alfredo Higuera Bernal, respectivamente, recibieron en sus oficinas sendos documentos acompañados de pruebas y una relatoría de hechos, en los que se solicita investigar el encubrimiento y colusión de servidores públicos para ocultar los movimientos financieros con recursos de procedencia ilícita de la alcaldesa Lezama Espinosa, con la complicidad de su familia y del notario número 62, Heyden José Cebada Rivas, y su padre Heyden José Cebada Ramírez, valuador de diversos predios y actuales funcionarios del Ayuntamiento, uno como síndico municipal y el otro como director general de Desarrollo Urbano.

Padre e hijo, se explica en la denuncia, apoyan y apoyaron en la elaboración de artimañas para que Lezama Espinosa pudiese circular dinero de procedencia ilícita; asimismo, que se investiguen no sólo los inmuebles que se acreditan en la demanda, cuyo precio total es de 10 millones 100 mil pesos, sino todos los que han señalado diversos medios de comunicación —que se calculan en más de 17—, así como los que ha comprado en el extranjero y en otras entidades del país con la ayuda de prestanombres.

La denuncia solicita también investigar a Omar Terrazas García (esposo), Omar Terrazas Lezama (hijo), Miguel Ángel Lezama Espinosa (hermano), Daniel Berrón Lezama (hijo) y Mara Terrazas Lezama (hija) o contra quienes resulten responsables; e igualmente se pide la intervención de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda (UEIORPIFAM) por ser de su competencia, “ante la injustificable procedencia de recursos económicos que no son acordes a los ingresos reportados como legítimos”.

Además, en el oficio recibido por la Seido y la UIF, se pide dar parte al Sistema de Administración Tributaria (SAT) por el fraude fiscal realizado por la empresa “Desarrolladora Cumpal, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable”, de la que son dueños y socios Omar Terrazas García, Omar Terrazas Lezama, Miguel Ángel Lezama Espinosa y Daniel Berrón Lezama, quienes se han dedicado a comprar millonarios y lujosos inmuebles a través de una compañía conformada solamente con 50 mil pesos de capital social.

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El documento de 24 páginas comienza con la declaración patrimonial hecha por la alcaldesa de Benito Juárez, en la cual sólo dice tener tres automóviles, un departamento de un millón de pesos y una cuenta bancaria con medio millón de pesos.

Pero desde el 31 de mayo de 2016, cuando crean la “Desarrolladora Cumpal”, y dos meses antes de renunciar a la candidatura de aquel entonces, realizan una serie de adquisiciones muy superiores al capital con el que supuestamente contaban.

De ahí que la investigación deberá aclarar cómo Lezama Espinosa y su familia obtuvieron esos recursos de forma lícita, así como el incremento exponencial que tuvieron en sus finanzas del 2016 a la fecha, y cómo consiguieron más de 10 millones 100 mil pesos para adquirir lujosos inmuebles.

Esas compras que ahora deberán investigar las autoridades federales se realizaron por conducto de Daniel Berrón Lezama, en su calidad de tesorero de la empresa “Desarrolladora Cumpal S.A.P.I. de C.V.”, de la que son socios Omar Terrazas García y Miguel Ángel Lezama Espinosa.

Esas propiedades —de escrituras públicas números P.A. 15242, 14784 y 20736— costaron en total, según los contratos presentados, 10 millones 100 mil pesos, pero en realidad los precios de la inmobiliaria marcan, en valor comercial, arriba de 40 millones de pesos.

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