Cobran en Benito Juárez impuestos ilegales

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  • El gobierno de Benito Juárez cobra impuestos ilegales que representan para las arcas públicas más de 300 millones de pesos anuales.
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El gobierno de Benito Juárez, encabezado por la alcaldesa María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, cobra impuestos ilegales que representan para las arcas públicas más de 300 millones de pesos anuales.

Son dos gravámenes que jueces federales insisten en su inconstitucionalidad, pero que ante la persistencia del cobro otorgan la protección del amparo con la que se ordena al Ayuntamiento de Benito Juárez reintegrar contribuciones excesivas.

El llamado Derecho de Alumbrado Público (DAP) se justifica por el artículo 113 de la Ley de Hacienda municipal, cuyo cobro se calcula al dividir los gastos de operación con la base registrada en Cancún ante la Comisión Federal de Electricidad, estimada en 458 mil 130 usuarios.

El total resultante no debe ser más del cinco por ciento del monto de consumo facturado, pero tramposamente la tesorería municipal aplica el porcentaje de manera directa.

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Un estudio de fondo determinó también su inconstitucionalidad según la tesis P./J.73/2006 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues el gravamen lo determinó el Cabildo municipal cuando en todo caso —si fuera procedente— sería facultad del Congreso de la Unión al tratarse de un servicio federal.

El DAP representó un ingreso municipal de 270.6 millones de pesos entre 2017 y 2019, y habrán de captarse otros 128 millones de pesos en 2020.

Algunos casos que llegaron a tribunales fueron de la empresa Desarrollos GCR, S. de R.L. de C.V., que pagó un recibo de luz por un millón 626 mil 560.01 pesos, y se le aplicaron derechos por 67 mil 213.19 pesos, del 31 de octubre al 30 de noviembre de 2019. Un juez decretó un cobro final de 555.73 pesos.

Igualmente el Hotel Fiesta Inn Cancún del Grupo Posadas S.A.B. de C.V., que con una factura de 58 mil pesos recibió un cargo de dos mil 900 pesos, el cual bajó a 684.68 pesos cuando la Juez Tercero de Distrito, Ana María Nava, ordenó la devolución de 2 mil 251 pesos.

Otro más fue el cobro de 3 mil 671.27 pesos en un recibo de 73 mil 425 pesos, y que el juzgado Octavo de Distrito ordenó la devolución de 3 mil 115.54 pesos; o el caso de Tiendas Chapur, S.A., que terminó pagando 555.73 pesos.

“Se colige que fue ilegal el monto de la tarifa determinada a la sociedad quejosa en el cobro del derecho del servicio de mantenimiento y alumbrado público… porque rebasó en demasía la tarifa mensual fijada por la ley para el ejercicio fiscal del año dos mil diecinueve”, señaló la resolución.

Igual ocurre con el llamado Impuesto adicional para el fomento turístico, desarrollo integral de la familia, desarrollo social y promoción de la cultura, contemplado en el artículo 46-Bis, que establece una contribución extra de 10 por ciento sobre otros montos, cargos y derechos realizados por los contribuyentes. Con este ilegal gravamen ingresaron 517.3 millones de pesos a las arcas municipales entre 2017 y 2019, y este año, serán 173.6 millones de pesos.

El Juzgado Tercero de Distrito resolvió al menos ocho juicios de amparo con fallo favorable a siete empresas morales y un particular, en enero pasado.

Según el análisis jurídico, se viola el principio de proporcionalidad tributaria en función de la capacidad económica de los contribuyentes, lo que incumple el artículo 31, fracción IV, de la Constitución General.

La inconstitucionalidad señalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación se sustenta en la jurisprudencia de la Segunda Sala, número 2ª./J.126/2013 (10a.), pues los impuestos deben fijarse según la capacidad de cada persona para que exista una congruencia entre el impuesto y su capacidad contributiva.

Algunos casos con sentencias favorables fueron los de Abelardo Vara Rivera; Bodegas y Talleres Industriales de Cancún S.A. de C.V.; Lavandería y Tintorería Americana de Cancún S.A. de C.V.; Promotores Santa Fe S.A. de C.V.; Holderson S.A. de C.V.; Hoteles Playa Blanca S.A. de C.V.; Diamante del Caribe S.A. de C.V. y Maioris Los Lagos S. de R.L. de C.V.

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