Exhiben despojos ilegales en Cancún

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Despojos

 

  • Desde las tesorerías municipales de los ex alcaldes Paul Carrillo y Remberto Estrada se orquestó un mecanismo de despojos de vivienda en Cancún.
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Un bien aceitado mecanismo de despojos ilegales de viviendas de interés social orquestado por las tesorerías municipales de los ex alcaldes Paul Carrillo y Remberto Estrada, quedó al descubierto en juzgados y tribunales federales de Quintana Roo.

Fueron adeudos fiscales operados al margen de la Ley que impidieron la defensa jurídica de los afectados, pero que mediante sentencias resarcitorias pudieron o están en proceso de recuperación de inmuebles vendidos hasta 30 veces más caros que el monto reclamado, escriturados e inscritos en el Registro Público de la Propiedad de Cancún.

En esta trama de corrupción y despojos, el encargado de las finanzas municipales Marcelo José Guzmán se deslindó de sus antecesores al negar los hechos ante los jueces, pero su director de Ingresos Coordinados y Cobranzas reconoció la inexistencia de expedientes que podrían comprobar la legalidad de los actos administrativos.

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“La citada autoridad manifestó que se encontraba imposibilitada para proporcionar el expediente generador, toda vez que las bodegas donde se almacenaban bienes inmuebles y expedientes originados por los Procedimientos Administrativos de Ejecución, sufrieron una serie de robos y debido a la falta de medios no se encuentra respaldo digital del mismo; además, que la autoridad denominada Notificador-Ejecutor no puede rendir su informe justificado ante la existencia del expediente administrativo y, por ende, desconocía quiénes intervinieron en el procedimiento”.

En el amparo más reciente (858/2019, con sentencia resarcitoria del 3 de marzo pasado), el Juez Segundo de Distrito, Gerardo Vázquez Morales, conoció el testimonio de Macario López Díaz y Aurora Hernández Gómez a quienes se les reclamó un adeudo 15 mil 155.41 pesos en 2016, por rezago del predial (del octavo bimestre de 2007 al sexto de 2015) en la vivienda de Av. Niños Héroes, Manzana 19, Lote 1, Casa 1492, SM 201, Hacienda Real del Caribe II.

Según sus testimonios, un hombre tocó a la puerta de la vivienda y les advirtió “que tenían 24 horas para desalojar la vivienda…, puesto que era el dueño, debido a que el Ayuntamiento de Benito Juárez le había echado la mano (…).”  Ese mismo sujeto regresó al día siguiente y con amenazas le dijo que tenía 3 horas “para desocupar el domicilio por órdenes del Ayuntamiento”. Se constató que el remate fue por 238 mil 800 pesos a favor del Banco HSBC México.

Con una resolución favorable del 3 de marzo pasado, los afectados por los despojos podrán recuperar su vivienda después de casi cinco años, al ordenarse la restitución de todas las actuaciones del crédito fiscal por 15 mil 155.41 pesos, al que se agregó el ilegal Impuesto Adicional de Fomento Turístico, Desarrollo Integral de la Familia, Desarrollo Social y Promoción de la Cultura, multas, recargos y gastos de ejecución.

Otro caso documentado fue el de Abel Tavera Castrejón con una deuda de 13 mil 268 pesos (del primer bimestre de 2011 al cuarto bimestre de 2017) de una vivienda de 320 mil pesos. El procedimiento se justificó con dos avisos efectuados en un par de días en agosto de 2019. El amparo 159/2019 (8 de noviembre de 2019) obligó a suspender el mandato de ejecución, notificación, embargo, remate y adjudicación a favor del Banco HSBC.

El juez Darío Alejandro Villa determinó “dejar las cosas en el estado que originalmente guardaban”, con la restitución del bien inmueble.

Un tercer caso analizado en el mismo juzgado (amparo 206/2019), ordenó restituir el proceso que concluyó con el remate y adjudicación del procedimiento administrativo TM/DICYC/1200-66, del 12 de septiembre de 2017.

Otro asunto, en el Juzgado Quinto de Distrito, resarció la resolución administrativa TM/DICYC/1200-37R15/2017 en la que autoridades municipales utilizaron escritos “machotes” con predisposición para dar por enterados a los deudores del crédito fiscal sobre la vivienda ubicada en calle Puerto Rico, SM 216, de Cancún, en un procedimiento que inició el 18 de septiembre de 2017, según el amparo 91/2019-D-7.

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