Wayeb político: Quintana Roo, la deuda puede esperar

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ÉDGAR FÉLIX

Las finanzas de Quintana Roo, a finales de 2010, reportaban una deuda total de 10 mil 37 millones de pesos con casi 60 por ciento proveniente de la banca múltiple y el resto de la banca de desarrollo. Es decir, hace diez años cada quintanarroense debía 5 mil 667 pesos con 38 centavos. Una ganga.

El problema empezó, precisamente, hace diez años, porque desde entonces hasta 2016 cuando llegó Carlos Joaquín González a la gubernatura del Estado, cada quintanarroense debía ya 12 mil 561 pesos con 75 centavos. El préstamo estatal había crecido más del doble durante los seis años del delincuente Roberto Borge, quien dejó las arcas públicas saqueadas.

A pesar de que la deuda ha sido prácticamente congelada durante estos seis años porque ahora se deben 23 mil 179 millones de pesos, pues cada habitante adeuda hasta este primer trimestre de 2020, 13 mil 88 pesos con 40 centavos, es decir, un aumento de 500 pesos per cápita, con respecto a 2016. Pero, los indicadores del Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le han dado, así como en la pandemia, tres colores de semáforo en el manejo de deuda a Quintana Roo.

En cuanto a la “sostenibilidad de la deuda” lo ha puesto con luz amarilla; en “disponibilidad financiera para hacer frente a sus obligaciones de corto plazo”, en luz verde; pero, en “capacidad de pago”, en luz roja.  Ante ello, la calificación de la consultora financiera Fitch Rating ha colocado a nuestra entidad en el perfil de riesgo más débil (BBB), con una perspectiva crediticia: estable. Este dato es para deuda adquirida hasta el 24 de junio de 2020.

Esta deuda hasta ahora ha sido controlable, pues hasta el primer trimestre de este año la tasa de interés promedio rondaba en el 7.7 por ciento, mientras que el plazo promedio de vencimiento alcanzaba los  18 años. Si no se adquiriera deuda durante este lapso, se terminaría de pagar en 2038; es decir en tres sexenios más.

Cabe destacar, en términos prácticos, y de acuerdo a un análisis del Centro de Estudios Financieros del Senado de la República, que al primer trimestre de 2020 la deuda del estado aumentó en 3.4 por ciento en comparación con el mismo trimestre del año anterior.  La deuda del estado decreció 0.5 por ciento  en relación con el trimestre anterior. Y destaca que el 89.2 por ciento del total del financiamiento corresponde al estado y sus entes públicos. El resto, 10.8 por ciento, los municipios y sus entes públicos.

Aquí es donde el mal manejo de deuda del Ayuntamiento de Benito Juárez, presidido por Hermelinda Lezama Espinosa, ha puesto a sudar la gota gorda de las finanzas estatales, pues de este 10.8 por ciento correspondiente a la entidad, la mitad lo absorbe esta ciudad turística, de grandes rezagos urbanos, pésimos servicios y con una sonrisa forzada en la zona hotelera. El otro cinco por ciento se disputa en una riña para ver quién endeuda más a su municipio entre Solidaridad, Cozumel y Othón P. Blanco, en ese orden.

Este lunes se dio a conocer que el Ayuntamiento de Benito Juárez ocupaba el nada honroso quinto lugar de los municipios más endeudados del país. ¿Cómo llamarle a eso? ¿Cuál sería el mérito para tan elevado rango de finanzas insanas?

El último reporte  trimestral sobre las deudas de las entidades realizado por la Dirección General de Finanzas del Instituto Belisario Domínguez, señala que al primer trimestre de 2020, las entidades federativas que presentaron un mayor nivel de endeudamiento per cápita respecto del total fueron: Nuevo León, con 14 mil 456 millones de pesos; Quintana Roo, con 13 mil 088 millones 400 mil pesos;  Chihuahua, con 13 mil 033 millones de pesos; Coahuila, con 12 mil 78 millones 700 mil pesos y la  Ciudad de México con 9 mil 548 millones 300 mil pesos.

Por el contrario, las menos endeudadas fueron: Guerrero con 1 mil 083 millones 200 mil pesos; Puebla,  con 1 mil 050 millones 800 mil pesos, Guanajuato, con 1 mil 019 millones 600 mil pesos; Querétaro,  con 169 millones 400 mil pesos y Tlaxcala con solamente 27 millones de pesos.

Los estados que presentaron una mayor relación de su deuda respecto de sus participaciones federales fueron: Nuevo León, con 178.4 por ciento, Chihuahua con 177.7 por ciento, Quintana Roo con 170.7 por ciento, y Coahuila con 166.6 por ciento. Las entidades con menor relación fueron: Guerrero con 18.2 por ciento, Puebla con 16.5 por ciento, Guanajuato con 14.8 por ciento, Querétaro con 2.2 por ciento y Tlaxcala con 0.4 por ciento.

Una deuda comienza a ser incontrolable cuando los egresos superan los ingresos. Si las participaciones federales no fluyeran como lo hacen ahora entonces varias entidades estarían en graves problemas financieros.

Porque desde el 27 de abril de 2016 cuando se publicó la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios se establecieron criterios para transparentar el uso del financiamiento de los gobiernos locales entre los que destacan, nuevas reglas de disciplina financiera que contemplan mecanismos de equilibrio presupuestario y de distribución de ingresos excedentes.

Asimismo, el un sistema de alertas, el cual mide los niveles de endeudamiento, del servicio de la deuda y las condiciones de liquidez de las entidades federativas, los municipios y sus entes públicos. También, un Registro Público Único que permite la inscripción de la totalidad de las obligaciones de los gobiernos locales.

Con estos candados, los estados y municipios del país lograron frenar las deudas que comenzaron a crecer desproporcionadamente en entre 2015 y 2016 hasta hacerlas prácticamente incontrolables en algunas entidades.

Por último, el análisis del IBD señala que se utilizó como fuente principal la información estadística del Registro Público Único y el Sistema de Alertas que publica la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Para el caso del total de las obligaciones financieras se construyó sumando la deuda de las entidades federativas y sus entes públicos más la deuda municipal y de sus entes públicos.

Se presenta la deuda subnacional como proporción de sus Participaciones Federales pagadas de 2010 a 2019 y para 2020 se consideraron las Participaciones Federales presupuestadas. También se presenta la deuda subnacional como proporción con el Producto Interno Bruto Estatal (PIBE) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

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